José Antonio IBÁÑEZ-MARTÍN

Decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco que "puede verse en los viajes lejanos cuán familiar y amigo es todo hombre para el hombre" en una experiencia contraria a la que Hobbes manifesta cuando asegura que el hombre es un lobo para el hombre. Aristóteles y Hobbes, como vemos en El Vizconde demediado de Calvino, se encuentran siempre presentes en la historia de la humanidad. Por ello es preciso preguntarse qué puede hacer la educación para promover ciudadanos solidarios, preocupados de la suerte de los otros, en vez de individuos egoístas, encerrados en sus intereses propios. En un Congreso de Filosofía, no se trata de analizar estrategias didácticas sino de discutir las bases teóricas de una educación orientada a alcanzar los fines señalados. En este sentido, lo que pretendemos ofrecer es un concepto de ciudadanía a la altura de nuestros tiempos, que están preocupados tanto por los Derechos Humanos como por la solidaridad y la justicia social. La ciudadanía es, antes que cualquier otra cosa, un status jurídico. Todo ciudadano tiene un peculiar conjunto de derechos y libertades. Cuáles sean tales derechos y libertades es algo que reclama urgentemente una reformulación objetiva, que no pretenda-como pide Dahrendorf-esconder turbios intereses. Limitémonos a recordar las diversas generaciones de derechos que se han producido en los últimos dos siglos, a la vez que realizamos dos observaciones. La primera es que no hay derechos y libertades que no estén unidos a deberes y responsabilidades. La segunda es que el status jurídico a que nos referimos es de la persona individual. Hablar de ciudadano significa, efectivamente, dar una supremacía al individuo frente a sus grupos de pertenencia. Ahora bien, una cosa es atribuir la preeminencia al individuo y otra muy distinta creer que sólo el individuo tiene derechos.