Jesus Enrrique Caldera Ynfante

Se diserta sobre “RESISTENCIA TRIBUTARIA” JUSTIFICADA EN EL ECUADOR. Ello, porque gobierno del presidente Daniel Noboa estableció todo un “paquete” de “impuestos de guerra”, como la Contribución Temporal de Seguridad (CTS); un incremento del IVA, a discreción del presidente de la República, el pechaje del sector construcción, transferencias al exterior y otros impuestos. Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica (en adelante, la Ley), publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 516 del 12 de marzo de 2024, trayendo a discusión los aspectos jurídicos que vician de posible inconstitucionalidad dicha Ley, con fundamento en la normativa constitucional y tributaria de Ecuador. Con la Ley, dado el contexto de su aprobación, el gobierno creó un ´impuesto de guerra´, para financiar una guerra inexistente, partiendo del hecho que la Corte Constitucional del Ecuador estableció que en el país no existe un “Conflicto Armado Interno” (CAI). Así lo estableció en sus Dictámenes 5-24-EE/24 del 9 de mayo de 2024 y 6-24-EE/24 del 13 de junio de 2024, en los que declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos No. 250 de 30 de abril de 2024 y 275 del 22 de mayo de 2024, relacionados con el Estado de Excepción que ha regido en Ecuador desde el 10 de enero de 2024, soportado éste en la presunta existencia de un CAI, “decertado” y reconocido sin fundamento jurídico, pese a que no cumple con los supuestos fácticos y normativos fijados, con fuerza ius cogens, por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)7 para ser calificado como tal. El ´impuesto de guerra´, fijado en la Ley, por inconstitucional, es confiscatorio. Los Dictámenes, en el plano de la reflexión tributaria, reflejan la patética violación al principio de la constitucionalidad y de la legalidad fiscal, resultando viciada de nulidad absoluta la Ley y, con ella, la configuración del tributo, porque el hecho imponible (CAI) es inexistente, implicando que el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada `impuesto de guerra´ jamás tendrá materialización práctica (por inexistente) y nunca tendrá validez jurídica (por inconstitucional), resultando en un tributo confiscatorio, surgido contra la Carta Fundamental y evidente fraude a la legalidad tributaria del país, en perjucio del patrimonio personal o corporativo de los contribuyentes, residentes fiscales o establecimientos permanentes en el país a los que somete a un pago indebido sancionado en el artículo 122 10, concordado con los artículo 306 al 307 del Código Tributario del Ecuador. La nulidad absoluta e ineficacia del hecho imponible, por inconstitucional, deriva en la invalidez plena y la irrelevancia constitucional del inexistente hecho generador del tributo -proveniente de un acto de naturaleza jurídica - por la no realización fáctica, tangible y concreta del presupuesto generatriz establecido (CAI) en la Ley para su configuración. Como consecuencia, nunca jamás surge válidamente la obligación tributaria, cuya exigencia resulta ineficaz, por ilegal e ilusoria. La obligación tributaria, tiene que calificarse, en tal sentido, como no nacida lícitamente en el ámbito fiscal. Con ello, habría de resultar confiscatorio el pago de la alicuota del `impuesto de guerra´ fijado por el gobierno ecuatoriano de modo inconstitucional abusando del ejercicio del poder tributario relacionado con la urgencia en materia económica. Ante las hondas repercusiones económicas que genera en la población y el sector productivo del país, se describen las posibles vías institucionales disponibles en la regulación ecuatoriana para impugnar la Ley ante la Corte Constitucional del Ecuador -o en la jurisdicción constitucional- sin menoscabo de la eventual activación de la competencia derogatoria de la Asamblea Nacional frente a la misma. Se reafirma el principio de justicia tributaria y la vigencia del Estado social de derechos y de justicia consagrado en la República del Ecuador y la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de los hermanos ecuatorianos ubicados en la posición de destinatarios de un "impuesto de guerra" tan arbitrario como inconstitucional, que riñe con el enunciado constitucional y convencional del respeto a la dignidad humana y la incolumidad de la propiedad privada frente a actuaciones del Estado que representan un claro abuso en el ejercicio del poder público en desmedro de la legalidad fiscal, generador de un supuesto de patética injusticia tributaria adoptada a contracorriente de toda regulación en materia de impositiva con la publicación de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. En la lucha contra conductas gubernamentales transgresoras de la dignidad humana y frente a leyes inconstitucionales que afectan los derechos fundamentales, la libertad económica y la propiedad privada de los hermanos contribuyentes ecuatorianos y sus empresas afectadas. Este esfuerzo intelectual, realizado por nuestra familia de abogados, es una reverencia a la gesta de nuestros libertadores y un llamado al pueblo ecuatoriano económicamente afectado a resistir, por medios institucionales, frente al pago de impuestos arbitrarios e ilegales que atentan contra los principios fundamentales del orden público económico previsto en la Ley Fundamental. Lo anterior, como una singular expresión reglada, lícita y avanzada de dar al traste con una ley orgánica fiscal tan arbitraria como injusta, activando los mecanismos de protección de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos en el Ecuador. La pretensión judicial traduciría, mutatis mutandis, en la activación institucional de la añeja figura de la "resistencia tributaria" (objeción fiscal, desobediencia tributaria), que, en sus orígenes, nació como expresión de la desobediencia civil frente a leyes impositivas injustas, con el precedente del escritor estadounidense Henry David Thoreau, encarcelado por negarse a pagar un tributo electoral, reticente a contribuir con la continuidad de la esclavitud y la financiación de la Guerra entre México y EEUU, basado en la idea de que las personas deben priorizar su conciencia sobre la obediencia a leyes injustas.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) nació en Latinoamérica. Ante la creencia imprecisa de que el DIH surgió tras la batalla de Solferino (24 de junio de 1864), como consecuencia de la experiencia de Henry Dunant, se refuta y demuestra que tal aseveración carece de sustentación empírica y científica porque desconoce la importancia histórica y jurídica del Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado de Armisticio suscrito entre la República de Colombia (presidida por El Libertador Simón Bolívar) y el Reino de España (representada por el Mariscal Pablo Morillo) en Trujillo, Venezuela, el 27 de noviembre de 1820, que culminó con el encuentro de ambos líderes combatientes en la histórica población de Santa Ana de Trujillo, llamada, desde entonces, "Morada de Paz" o "Cuna de la Diplomacia Americana". Se destaca en el texto que tales Pactos Internacionales, denominados los "Tratados de Trujillo", fueron aplicados, a modo de precedente jurídico y humanitario, en las diversas Capitulaciones y Acuerdos de Paz que van desde 1820 a 1830 durante el curso de la Lucha de Emancipación frente al imperio español, dando nacimiento al "Derecho de la Guerra" moderno sometido a los sentimientos de piedad, justicia y humanidad. La obra destaca que, a contrario sensu de la opinión mayoritaria, el DIH se configuró en Latinoamérica durante la Guerra de Independencia que lideraron El Libertador Simón Bolívar, El Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y los Padres Libertadores de la Gran Colombia (antes integrada por los ahora Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) frente al Reino de España, entre 1810 y 1830. La aseveración relacionada con que el DIH nación en dicho contexto local (y no en Europa), tiene como soporte legal, jurídico o dogmático un enorme cúmulo de instrumentos bilaterales y multilaterales (Acuerdos, Capitulaciones, Amnistías y Tratados) que sentaron las bases del "Derecho de la Guerra" o de la humanización del acto violento la guerra a través de su sometimiento a las reglas jurídicas como mecanismo para contener la venganza, la aniquilación y la destrucción de la vida y los bienes del enemigo en el conflicto bélico. Se sostiene que con dicha regulación, se generó y consolidó el Corpus Iuris Pro Humanitatis, para, en medio de la guerra sometida, a la legalidad y el sentido de justicia, resaltar y proteger la dignidad humana de los combatientes, heridos, enfermos, prisioneros de guerra, población civil (no beligerante), los bienes ajenos a las operaciones militares y lograr preservar la paz como valores y principios superiores de la humanidad. Para confirmarlo, vale la cita textual de lo afirmado por Simón Bolívar, El Libertador, cuando le escribió entonces a Pablo Morillo que ambos Estados estaban compelidos a suscribir "...un tratado verdaderamente santo, que regularice la guerra de horrores y crímenes que hasta ahora ha inundado de lágrimas y sangre a Colombia, y que sea un monumento entre las naciones más cultas, de civilización, liberalidad y filantropía..." (Simón Bolívar: Carta a Pablo Morillo, Cuartel General de Carache, 3 de noviembre de 1820). Contenido del libro: Parte Primera. Elementos teóricos y normativos. Clásicos que forjaron el ius in bello hispano fuente jurídica primaria del ius in bello hispano-grancolombiano y del DIH contemporáneo: Capítulo I. Aportes de la edad antigua al ius in bello en general. Capítulo II. La Edad media y la Edad moderna: sus aportes en la definición de la «guerra justa» como teoría influyente en la fundamentación del ius in bello hispano. Parte Segunda. La Escuela de Salamanca y su influencia en el desarrollo del derecho internacional y el ius in bello hispano: Capítulo I. Sobre la Escuela de Salamanca y la ’guerra justa‘. Capítulo II. Otros referentes teóricos y regulatorios europeos y americanos relacionados con la conformación del ius in bello. Capítulo III. La edad contemporánea, el ius in bello y los DDHH. Parte Tercera. Acuerdos humanitarios entre la corona española y los beligerantes independentistas de Venezuela y la Nueva Granada antes de los tratados de Trujillo (1812/1819). Capítulo II. El trienio de los acuerdos humanitarios hispanograncolombianos durante el trienio liberal español: los tratados de Trujillo de 1820 y su aporte a la configuración del ius un bello hispano-grancolombiano. Parte Cuarta. El trienio de los acuerdos humanitarios hispanograncolombianos durante el trienio liberal español: otros acuerdos humanitarios convencionales para la regulación y humanización de la guerra posteriores a los tratados de Trujillo: Capítulo I. Las capitulaciones hispano-grancolombianas en Venezuela despues de los tratados de Trujillo. Capítulo II. Acuerdos humanitarios convencionales iberoamericanos en la campaña libertadora del sur del continente americano. Parte Quinta. Otros referentes normativos y conceptuales posteriores a los tratados de Trujillo y el impacto del ius in bello hispano-granclombiano en los principios basicos del DIH de las convenciones de Ginebra: Capítulo I. Referentes conceptuales y jurídicos posteriores a los tratados de Trujillo, que influyeron en la conformación del derecho humanitario de la guerra y del DIH contemporáneo. Capítulo II. La influencia notoria del ius in bello hispano-grancolombiano sobre la configuración de los principios básicos del DIH vigente. Capítulo III. Reflexiones sobre la odiosidad de la guerra y un proyecto de futuro para Iberoamérica y la familia humana.

En esta obra del profesor Caldera Ynfante, resultado de una ardua investigación científica y académica, se reafirma que la Guayana Esequiba es territorio venezolano basado en la tradición legal inalterada de sólidos títulos jurídicos e históricos que respaldan sus derechos soberanos adquiridos sobre el mismo y su área marina y submarina adyacente no delimitada, apoyados en laDoctrina Bolivariana acerca de la aplicación del principio uti possidetisiuris. Enfocado en elementos de la litigación estratégica, da opciones para la defensa jurídica de Venezuela ante la demanda presentada por el gobierno de Guyana en CorteInternacional de Justicia (CIJ), calificada de improcedente porque la CIJ no tiene jurisdicción sobre Venezuela (ni sobre Guyana); Venezuela no ha dado su consentimiento libre y soberano para someterse al juicio, un requisito obligatorio para su validez; se le han conculcado garantías procesales básicas desconociéndole el derecho a la libre elección de medios de resolución de controversias, el derecho al juez natural, al debido proceso y a la defensa; se ha violado el Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de Guyana y la propia CIJ, bloqueando así la vía diplomática para un arreglo amigable y que Guyana, de manera engañosa, busca revivir la "validez" del Laudo Arbitral deParís de 1899, ya abrogado, abolido y sin efectos jurídicos por lasPartes mediante la ratificación voluntaria del vigente Acuerdo de Ginebra de1966. Se señala que el pleito judicial en la CIJ, tiene una causa y un objeto ilícito, basado en el soborno internacional ejecutado por la petrolera estadounidense ExxonMobil que ilegalmente ha pagado el proceso contra Venezuela a cambio de la explotación del bloque petrolero Stabroeck, ubicado en el área marina no delimitada, adyacente al territorio Esequibo venezolano, objeto de la controversia. Tan grave crimen, impune hasta el presente, contraviene el Derecho Internacional y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977) que, por su relación con el pleito, no puede ser ignorado por la CIJ y deber ser investigado en Venezuela y en los EEUU (Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores -SEC-), porque la ExxonMobil y sus principales accionistas se cotizan en Bolsa, debiendo responder sus directivos en lo criminal y ellas en lo patrimonial por el daño causado al Estado y al pueblo venezolano.

En la presente reflexión, se exponen algunos de los efectos jurídicos y procesales derivados de la Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela (Declaración Conjunta, en adelante), publicada en San Vicente y Las Granadinas en fecha 14 de diciembre de 2023. Se analizan, de manera sucinta, las implicaciones procesales que la Declaración Conjunta, asumida como elemento material probatorio, genera a favor de la posición jurídica de Venezuela que puede promover, con base a una serie de hechos nuevos de relevante valor y eficacia procesal, tanto la i) la excepción de inadmisibilidad sobrevenida de la demanda judicial que, por el territorio de la Guayana Esequiba, promueve Guyana contra Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dada la impprocedencia de la misma y ii) la excepción de incompetencia sobrevenida de la CIJ para tramitar y decidir el litigio... Los autores dejan enunciado que, conforme a los Principios Generales del Derecho Internacional, concordados al artículo 52 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y con la Declaración Conjunta de Argyle, es jurídicamente factible que Venezuela, conforme a los Principios el procedimiento de los artículos 65 y 66 ejusdem, promueva la nulidad absoluta retroactiva del Tratado Arbitral de Washington de 1897 y, de manera consecuencial, la nulidad absoluta retroactiva, ya reconocida, del Laudo Arbitral de París de 1899 por la coacción y la agresión y la invasión territorial que sirvieron de contexto y pretexto para su aprobación por parte de Venezuela, como medio para tratar de darle aparente legalidad a la ocupación militar ilegal de nuestro territorio Esequibo por parte del Reino Unido.

La investigación concibe la democracia como un derecho fundamental, embrionario y complejo, cuyo contenido esencial es un haz de derechos, todos fundamentales, que recíprocamente se realizan de manera interrelacionada e interdependiente a su goce efectivo en el Estado social de derecho, que cumple los requisitos de dogmática jurídica de la Corte Constitucional colombiana, concebidas en normas supranacionales vinculantes, integrado por una faceta procedimental (formación del principio de mayorías) y otra sustancial (concreción de la dignidad humana y goce de los derechos fundamentales de su núcleo esencial), denominado democracia integral, democracia iusfundamental o D+EBDH.

El presente texto llama la atención del lector y, en sus líneas, busca destacar la importancia jurídica y política que representa, en el corpus del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la actualidad, el contenido de derecho forjado por los próceres libertarios durante la guerra de independencia de las repúblicas que conformaron la Gran Colombia, cuyo contenido estuvo orientado a la humanización y civilización de la barbarie de la guerra, bajo la égida del respeto a la condición de la persona humana. La aproximación al tema no demerita ni niega otros aportes arrimados por pensadores, estudiosos, filántropos, universidades u organizaciones en la consagración y evolución del DIH, que por ser conocidos y aparecer en la bibliografía autorizada (nacional e internacional) sobre el mismo serán obviados en cuanto a su inclusión en el texto. Este significativo aporte socio-jurídico, que pasa inadvertido (y hasta ignorado) para muchos de nuestros tratadistas locales y, con mayor razón, para los estudiosos foráneos del tema, merece ser replanteado en su análisis y relanzado al sitial, no solo histórico, sino educativo, cultural, político y jurídico en que deberíamos tenerlo quienes profesamos, por vocación o por actos de fe, la pasión por el estudio del derecho y el prudente saber de la justo.

Apotegma: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. " (Nelson Mandela, Ushuaia, Argentina, 24 de julio de 1998). Resumen: Caldera Ynfante, concibe la democracia como derecho fundamental complejo, onmicomprensivo, ensamblado, un supra derecho, al que denomina democracia integral, conformado por i) una faceta procedimental/instrumental en tanto mecanismo pertinente para la formación electoral de las mayorías y la manifestación de la voluntad popular mediante el voto y ii) una faceta sustancial o material relacionada con el logro de la realización del contenido normativo de la dignidad humana cuyo deber ser, como entidad normativa, es el respeto que merece toda persona humana en la sociedad democrática a la que se le deben satisfacer todos sus derechos fundamentales para que alcance florecimiento humano y sea feliz, contribuyendo al bien común, gozando de bienes materiales e inmateriales adecuados para una existencia decente que le permita una vida de calidad, contando con oportunidades que permitan el despliegue de sus talentos y capacidades humanas que le abran posibilidades de ser y funcionar efectivamente en la comunidad política en función de la realización de su proyecto de vida valiosa, elegido libremente, sin miedo ni temores, sin daños o arbitrariedades, con seguridad humana, seguridad jurídica, estabilidad, libertad política y progreso económico, sin pobreza ni miseria. Ello, desde la perspectiva de la doctrina de la integralidad de los derechos fundamentales, bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)

Dignidad humana, Internet, hiperderecho fundamental, desigualdad digital, mínimo vital digital... Se analiza la evolución dogmática de la categoría dignidad humana, acuñada por la Corte Constitucional colombiana, desde la visión del “constitucionalismo humanista”, articulado con i) la plena efectividad de los derechos humanos; ii) el logro del proyecto de vida valioso de la persona humana y iii) el tratamiento legal y jurisprudencial que sobre el acceso a Internet como derecho humano viene dándose a nivel internacional y nacional en medio de la sociedad digital. Se describe la relación de funcionalidad que existe entre los derechos fundamentales y el logro contenido normativo de la dignidad humana; la forma de derecho subjetivo de éstos y el consenso de dogmática constitucional que los caracteriza. Se sostienen que el acceso a Internet puede ser reconocido como un derecho fundamental apegado a los requisitos de dogmática constitucional para la realización del proyecto de vida valioso de la persona y su funcionamiento efectivo en la sociedad, imponiendo al Estado el deber de adoptar decisiones y aplicar políticas públicas que garanticen tangiblemente dicho derecho y los demás derechos fundamentales que convergen en su núcleo esencial, que permitan superar la desigualdad digital, promover la democratización digital o informática, aprobar un mínimo vital digital -basado en la universalidad, solidaridad, accesibilidad, equidad y gratuidad-, y alcanzar la inclusión tecnológica de la población más vulnerable o vulnerada, en situación de indigencia digital o pobreza informática.

Se estudia, con fines académicos, el proceso penal de única instancia o de jurisdicción privilegiada, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, previsto en el artículo 154.1 de la Constitución dominicana de forma expresa con el objetivo de asegurar el funcionamiento de altos cargos del Estado siendo sujetos procesales pasivos aquellos funcionarios públicos investidos de inmunidad o fuero procesal. Para que la SCJ tenga competencia judicial inobjetable y pueda juzgar válidamente, en única instancia, a personas particulares sin dicha prerrogativa procesal, por arrastre o por conexidad de la causa, tiene que estar autorizada expresamente por la ley procesal penal dominicana (que no es el caso) sin que le valga invocar la jurisprudencia interna porque contradice el derecho convencional y desconoce decisiones vinculantes -cosa interpretada de la Corte Interamericana de DDHH.

Este artículo analiza el ordenamiento electoral de República Dominicana, en sintonía con una tendencia común del derecho público de Occidente, que tipifica el transfuguismo político-electoral y sanciona la conducta desleal del tránsfuga contra las decisiones o los postulados del partido político, con la limitación de sus derechos políticos pasivos, no pudiendo ser postulado ni ser elegido a cargos de elección popular. El transfuguismo traduce una restricción de tipo legal interno contra todo actor político que traiciona a sus compañeros de partido, a su partido o las decisiones de sus órganos partidarios, pactando con otras fuerzas políticas, basada en normas constitucionales, convencionales y en decisiones de organismos judiciales o instancias internacionales de protección de derechos humanos que, de manera vinculante, por efectos de la cosa interpretada (res interpretata), le confieren legitimidad y validez jurídica a la inhabilitación que se impone al transgresor frente a su conducta de perfidia político-partidista. Esto incluye la restricción del goce de sus derechos políticos pasivos, prohibiéndole ser nominado como candidato a cargos públicos, limitándole el derecho a ser elegido, como consecuencia de prácticas de transfuguismo político-electoral.

Las violaciones de los Derechos Humanos se contienen eficientemente a través de la resistencia pacífica que conduce a resultados positivos. Codificar, señalar o clasificar lo que está mal no es suficiente. La idea se implementa con la protección del medio ambiente, la propiedad de la tierra, la consolidación de la comunidad y el empoderamiento de las mujeres cuando se desarrollan siguiendo los principios del Turismo de Base Comunitaria (TBC). A través de la investigación longitudinal, se realizó un estudio de caso en la zona rural de Bogotá. Tres iniciativas de TBC fueron revisadas. Primero se realiza la contextualización, luego se analizan los principios del turismo comunitario y el concepto de resiliencia. Al final, se proporciona una discusión de por qué los casos deben reconocerse como un ejemplo para impulsar los Derechos Humanos.

El presente artículo expone el estado actual y los retos derivados que se puedan llegan a manifestar en el ámbito de Seguridad nacional, teniendo en cuenta las esferas: política, socioeconómica e institucional, en relación con el punto sexto del Acuerdo Final pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARCEP) que hace alusión a su Implementación en el Estado. Para lo cual, se plantean tres ejes específicos para el desarrollo del escrito: a) se explica el proceso de implementación relacionándolo con la transición en un escenario de Posconflicto; b) se describe el punto sexto del Acuerdo de Paz en el país con el fin de especificar los elementos fundamentales; posteriormente, c) se analiza el impacto que este proceso tiene en el ámbito de Seguridad de Colombia, especificando el estado actual y los retos que se derivan y que deben ser atendidos para la efectividad del proceso.

El Derecho Operacional es una rama nueva de la ciencia jurídica que surge contemporáneamente como consecuencia de las metamorfosis que han suscitado a nivel socio-político. Adicionalmente, el Derecho Operacional (DOPER) se caracteriza por ser una herramienta trascendental que se encarga de entender e interpretar las acciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia en materia operacional, en donde el fin último es comprender las actividades de la Fuerza Pública por medio de un marco jurídico especial, en el cual se entrecruzan preceptos expuestos en la Constitución Política de Colombia de 1991 junto con ordenamientos internacionales. Es menester mencionar que se deben analizar temas vinculados con los antecedentes y la trayectoria del D O actualidad, lo cual permite esclarecer el fundamento real del surgimiento de un concepto hoy avalado por la propia Corte Constitucional colombiana.

Se reflexiona sobre la propuesta de definir y desarrollar el ejercicio de la política teniendo como enunciado central la rehumanización de la misma a partir de la oportunidad de que traduzca, en el plano concreto de la persona humana y la comunidad política, la enseñanza de los Evangelios y los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia como forma de revitalizar los principios cardinales de la democracia cristiana desde la perspectiva del respeto por la dignidad humana, la vigencia del orden constitucional, el goce efectivo de la democracia, vista como un derecho fundamental, en aras de que cada persona realice su proyecto de vida elegido en libertad y sin daños, sea feliz y contribuya a la felicidad social en el Estado social y ecológico de derecho.

El presente artículo se determina en el escenario de la transición en el marco del Posconflicto en Colombia, retomando como caso específico al Ejército Nacional con la oportunidad de contribuir a la construcción de paz desde lo local en el territorio colombiano. Teniendo en cuenta la transformación estratégica que se está llevando a cabo en las Fuerzas Militares y los nuevos escenarios en los cuales tiene más cercanía con la sociedad. Asimismo, se enfoca en una dimensión social e institucional en donde se tiene en cuenta la construcción de paz y las relaciones civiles y militares como base teórica de la investigación.

La educación es siempre, por su misma naturaleza, transformadora. Transforma vidas, transforma realidades, transforma culturas y civilizaciones y todo ello a partir del hecho básico inicial de que dicha transformación comienza por ser la de sus propios actores: educadores y educandos. Es válida, en relación con ello, la afirmación del filósofo Gadamer (2000) acerca de que “educar es educarse”, pues en la educación “de lo que se trata –dice el autor, parafraseando a Hegel-- es de que el hombre acceda él mismo a su morada”: acceder a la morada en el mundo es para la persona abrir el camino a ese espacio en el que se siente bien, donde es feliz. Desde esta perspectiva, el ejercicio de educarse es, para educadores y estudiantes en primer término pero con proyección a la sociedad entera, un ejercicio compartido de diálogo, involucramiento y enriquecimiento mutuo mediante el cual asumen el desafío de impulsar sus vidas hacia la plenitud personal, en armonía con la construcción de felicidad social. En tiempos en los que predominan formas de educación orientadas al éxito, a ser competitivo y poseer habilidades avanzadas para interactuar con las máquinas, o bien –en algunas perspectivas psicológicas-- solamente para adaptarse y no sufrir, según Gadamer (2000) “si lo que uno quiere es educarse y formarse, es de fuerzas humanas de lo que se trata y sólo si lo conseguimos sobreviviremos indemnes a la tecnología y al ser de la máquina” (p. 48) o, agregaríamos, a la ilusión de refugiarnos en islas de bienestar individual que nos aíslan de la comunidad y del entorno. Esas fuerzas humanas de las que habla el filósofo son las que pueden impulsar una educación basada en la capacidad de aprender a ser felices a lo largo de toda la vida.

Los análisis y propuestas sobre la vida y el futuro de los países, que es siempre la vida y el futuro de seres humanos concretos —personas, ciudadanos—, no pueden, principalmente en situaciones de crisis y dificultades graves, ser abordados desde teorías en abstracto o desde orientaciones ideológicas cerradas. Esto último implicaría una renuncia a considerar que el centro de la vida de las sociedades son las personas como sujetos no sólo de derechos y deberes sino principalmente sujetos capaces de decidir, de elegir, entendida esta capacidad como lo que caracteriza a los seres humanos. El pensamiento personalista, principalmente en su orientación cristiana, señala un camino para la búsqueda de nuevas formas de la economía y la política, como mediaciones imprescindibles para la realización de la vida humana, de su poder transformador –entendido como capacidad— y de la superación de visiones centradas en el poder—entendido como dominio—, de macrosujetos como los Estados que se alejan de los ciudadanos o los mercados que manipulan a los consumidores.

Se analiza la relación de la dignidad humana con el derecho fundamental a la democracia y la configuración del constitucionalismo humanista, vigente desde la segunda postguerra mundial, como pilares de la procura del desarrollo humano integral (DHI) a partir de la premisa contenida en el derecho convencional internacional y el derecho interno de los países de Occidente sobre derechos humanos: todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Se describe la dignidad humana desde la perspectiva dogmático-jurídica, acuñada por la Corte Constitucional colombiana, en tanto categoría fundante de los derechos fundamentales, entendida i) como un derecho autónomo relacionado con la elección y realización del proyecto de vida valioso de la persona; ii) como condiciones materiales concretas para una existencia decente y iii) como expresión de la inviolabilidad de la persona en su integridad física e integridad moral para que vivan una vida con sentido miedo, sin torturas y sin humillaciones. Se explican las razones para concebir la democracia integral descrita como un derecho humano fundamental, es decir, un supra-derecho, que deviene en condición de posibilidad para la efectiva realización de los demás derechos humanos fundamentales de la persona basado en la relevancia de la dignidad humana en el contexto del llamado Constitucionalismo Humanista que da contenido jurídico y axiológico i) al Convencionalismo Humanista Supranacional, es decir, al Bloque de Constitucionalidad que integran los pactos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos con rango ius cogens, vinculantes, imperativos, obligatorios y ii) a las Constituciones internas de la mayoría de los países de Occidente que reconocen y desarrollan aquellos bajo el paraguas del Estado democrático constitucional.

El artículo expone los resultados de una investigación que ve a la migración moderna como un fenómeno multidimensional y que a nuestros días conoce la renovación de las causas migratorias basadas en la pobreza, el hambre y circunstancias de deterioro ambiental, exigiendo del actual corpus iuris del Estatuto del Refugiado una revisión de las causas del amparo de los nuevos migrantes. Entiende que la forma de afirmar las libertades individuales y la vocación de una respuesta a la dinámica intercultural del mundo globalizado debe tener como centro de gravitación la fundamentación del humanismo cristiano para el cuidado de la vida y la protección del migrante, en tanto persona humana en situación de fragilidad o vulnerabilidad, que merece respeto y satisfacción de sus derechos humanos por la dignidad humana de la que es titular. Se parte de la categoría del homo peregrinus y la peregrinación del hombre, en el plano terrenal y espiritual, en tránsito hacia la vida eterna, que, desde la mirada escatólógica, da forma a la Teología de la Peregrinación acuñada por San Agustín de Hipona. Se analiza la aproximación epistemológica entre la “Teología de la Peregrinación” agustiniana -enfocada aquella en el plano espiritual y teológico- y la naciente “Teología de las Migraciones”

Democracy is a fundamental right linked to the realization of a person’s worthy life project regarding its corresponding fulfillment of Human Rights. Along with the procedures to form political majorities, it is mandatory to incorporate the substantial part as a means and end for the normative content of Human Dignity to be carried out allowing it to: i) freely choose a project of valued life with purpose and autonomy ii) to have material and intangible means to function in society; and iii) to live free from harm and fear in order to achieve human flourishing. The integral democracy is a means and an end to materialize individual happiness and the common good as long as everyone has concrete opportunities to unfold its inherent human dignity capacities within the trademark of the democratic constitutional State. Assuming this, integral democracy is the fundamental right of Fundamental Rights.

The knowledge society has become a digital society, due to the logic that supports the social system that prevails from the perspective of knowledge. If the first is characterized by the exponential growth of knowledge, the second is characterized byattempts to annihilate communicative reason mediated by the control of the emotions of the digital citizen. It is argued that through the digital society, human interaction has been transformed into a massive accumulation of data, so its interaction tends to annul the argumentation, since it is replaced by algorithmic calculation (HAN, 2022): communicative reason dissolves in big data, with the consequences of losses of the social name and the empire of digital rationality, all mediated by the emotionality of the action.

La democracia en el texto es vista desde una perspectiva integral u onmicomprensiva que complementa la parte instrumental (procedimiento electoral) con la sustancial (goce efectivo de derechos humanos) basado en la concienciación de una real dignidad humana que permita que la persona realice su proyecto de vida, disfrute de sus derechos y funcione efectivamente en la sociedad dentro del Estado democrático constitucional: la interrelación e interdependencia entre democracia, dignidad humana y Estado constitucional de derecho resulta para el autor un norte el cual hay que seguir a cada instante. El libro muestra la importancia de la dogmática actual de la Corte Constitucional colombiana sobre derechos fundamentales, lo cual es un aporte latinoamericano a la estructuración de un constitucionalismo que contribuya con soluciones a favor de la libertad y la justicia en función de la persona humana en un escenario de tensiones evidentes entre la globalización y nacionalismos populistas y patrioteros. En el sentido expresado en el punto anterior la obra del profesor Caldera corrobora la relevancia que dicha dogmática le atribuye a la funcionalidad de los DerechosFundamentales con el logro del contenido normativo de la dignidad humana. Así, para Caldera Ynfante y desde su especial interpretación de la democracia cumple con los requisitos dogmáticos entronizados por la Corte Constitucional para ser considerado como un derecho fundamental generador de todos los efectos instrumentales y sustanciales que le son señalados. El texto nos lleva a establecer conceptualmente con un propósito práctico que la democracia integral, es decir, entendida como derecho fundamental es posible asumirla desde la perspectiva de la denominada teoría de la integralidad de los DDHH a partir de la Declaración y Plan de Acción de Viena sobreDDHH de 1993, instrumento del derecho internacional que resulta apical a partir del cual considera como fundamentales todos los Derechos Humanos. En consecuencia para el autor la democracia integral, como derecho fundamental, es posible asumirla desde la perspectiva del Enfoque Basado enDDHH y así puede ser defendida ante cualquier sistema de protección, ora universal o regional. Por otra parte es necesario para el lector reflexionar en torno al sentido de una democracia integral que para el autor es asumida como una meta garantía de losDDHH; es decir, como el derecho fundamental de los derechos fundamentales.

La democracia es calificada normativamente como un derecho fundamental, relacionado con la dignidad humana (proyecto de vida, condiciones para funcionar en sociedad y vida sin daños); con forma de derecho subjetivo (titular, obligado y núcleo esencial) y un consenso de dogmática constitucional sobre su relevancia, integrado por elementos procedimentales -formación de mayorías- junto a la faceta sustancial –goce de los DDHH fundamentales de su ámbito de protección- como medio y fin para el logro del florecimiento humano y la felicidad de la persona humana en el Estado democrático constitucional. Se considera el derecho fundamental de los derechos fundamentales.

Resumen: Se trazan las líneas definitorias del derecho humano fundamental al desarrollo sostenible (DHFDS), desde una visión normativa del desarrollo y el constitucionalismo humanista, teniendo en cuenta la dignidad humana, la plena efectividad de los derechos humanos, el Enfoque Basado en los Derechos Humanos y la seguridad humana como pilares normativos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entendiendo que la plena efectividad de los derechos humanos da lugar al Derecho Humano Fundamental al Nuevo Orden Mundial (DHFNOM) consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948), aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se analiza el entendimiento común para la práctica de las normas y principios de derechos humanos en materia de programación del desarrollo, concibiendo el desarrollo sostenible como un derecho humano fundamental cuyo núcleo esencial son los derechos fundamentales integrados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se resalta el deber del Estado de respetar y proteger los derechos humanos de los que las personas y los pueblos son titulares para materializar tangiblemente sus derechos fundamentales inalienables priorizando, en consecuencia, la atención y participación los grupos humanos en situación de debilidad manifiesta, expuestos a mayor vulnerabilidad, marginación, exclusión y discriminación destacando en aras del florecimiento humano, el bien común, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano integral de todos.

Se define el derecho fundamental al Nuevo Orden Mundial (NOM),consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH/ONU, 1948), como categoría jurídico dogmática, desde una dimensión ética y humanista, concebido como la facultad o prerrogativa convencional estatuida en función de la `realización efectiva´ de los derechos humanos (DDHH) y la felicidad de la persona humana, asumido como medio y fin para la plena materialización de su proyecto de vida valioso, elegido de manera libre y autónoma, con seguridad humana (SH),donde el poder político está fundado en el cuidado y protección de la vida -Biocracia- destinado a cumplir y hacer cumplir la obligación imperativa de los Estados de respetar, proteger y garantizar los DDHH -por ser inherentes a la dignidad humana y funcionales al bien común- en una Democracia Integral, contribuyendo a la conformación de una sociedad más fraterna, humana, armónica, justa, incluyente y equitativa en un Estado de derechos humanos desde la perspectiva del Constitucionalismo Humanista oEstado humanista de derecho.