Txetxu Ausin

Comer y beber son necesidades esenciales de todo ser humano, en toda cultura y sociedad, y su carencia produce, evidentemente, daños graves y objetivos. Por ello, el alimento y el agua potable devienen en exigencias morales universales en términos del derecho humano a comer y a beber, uno de esos derechos que dan y preservan la vida. Sin embargo, la humanidad vive sumida en una gravísima e intolerable situación de hambruna a la que contribuyen algunos factores estructurales como las políticas comerciales y financieras internacionales, la producción de biocombustibles y el abandono de la agricultura de consumo, entre otros. Este panorama obliga a una profunda reformulación de las políticas públicas sobre el alimento y el agua potable, que partan de su conceptualización como bienes públicos y no meras mercancías.

Millones de personas viven atrapadas en el círculo crónico de la enfermedad y la pobreza y no tienen acceso a los medicamentos esenciales que podrían aliviar o curar sus enfermedades. El motivo es doble: la falta de investigación en enfermedades de pobres (enfermedades olvidadas) y el rígido sistema de propiedad intelectual farmacéutica (patentes). Sin embargo, el derecho a la atención sanitaria primaria y su corolario, el derecho a los medicamentos esenciales, constituyen la piedra angular del derecho humano fundamental y primario: el derecho a la vida. Por ello, han de primarse las consideraciones de salud pública frente a la lógica del mercado en el ámbito de la investigación farmacéutica, buscando fórmulas que estimulen la innovación y la viabilidad empresarial junto con el desarrollo y la distribución de fármacos para el mayor número de enfermos.