David Teira

Este artículo estudia la justificación normativa de la adopción de los ensayos clínicos aleatorizados por parte de las autoridades sanitarias británicas como estándar metodológico en 1946. A partir de un análisis de los distintos intereses de los participantes en el proceso (pacientes, médicos, farmacéuticas y el propio Estado) argumentamos que la aleatorización se adoptó como mecanismo de asignación imparcial de tratamientos, aunque sus propiedades estadísticas no fueran bien comprendidas. Tal justificación permanece aún vigente

La renta básica se nos presenta en la obra de Philippe van Parijs como una propuesta política filosóficamente argumentada, de modo tal que convencerá tanto al teórico de la justicia como al ciudadano que votará su implantación. En este artículo analizamos la argumentación de van Parijs mostrando cómo la efectividad política de sus tesis sólo se sostiene a costa de reducir el debate sobre la renta básica a los términos de su propia concepción de la ética. Ponemos en duda, por nuestra parte, el alcance de esta reducción sobre un doble plano: diluye por completo la dimensión prudencial de toda argumentación política, y no deja más alternativa que la educación sentimental para quienes no se dejen convencer por el equilibrio reflexivo

In this paper I offer an account of the normative dimension implicit in D. Bernoulli’s expected utility functions by means of an analysis of the juridical metaphors upon which the concept of mathematical expectation was moulded. Following a suggestion by the late E. Coumet, I show how this concept incorporated a certain standard of justice which was put in question by the St. Petersburg paradox. I contend that Bernoulli would have solved it by introducing an alternative normative criterion rather than a positive model of decision making processes

A la vista del catálogo de nuestro Instituto Nacional de Estadística, quién dejará de sorprenderse al descubrir entre las colecciones auspiciadas por el INED francés una dedicada a los Clásicos de la economía y la población, con cuidadísimas ediciones de Condorcet, Süssmilch, Quesnay, Graunt... A esta colección se suma ahora, bajo la dirección de Eric Brian, otra serie de Estudios e investigaciones históricas, cuyo primer volumen comentamos aquí. Matemáticas y acción política, compilado por Thierry Martin, es, además, una excelente representación de los trabajos que en Francia se desarrollan en torno a la matemática social desde múltiples enfoques.

We discuss the role of practical costs in the epistemic justification of a novice choosing expert advice, taking as a case study the choice of an expert statistician by a lay politician. First, we refine Goldman’s criteria for the assessment of this choice, showing how the costs of not being impartial impinge on the epistemic justification of the different actors involved in the choice. Then, drawing on two case studies, we discuss in which institutional setting the costs of partiality can play an epistemic role. This way we intend to show how the sociological explanation of the choice of experts can incorporate its epistemic justification.

Jesús Zamora Bonilla, profesor de la Universidad Carlos III, es un autor bien conocido para el lector de Theoria por sus publicaciones en filosofía general de las ciencias y en filosofía de la economía. Sólo su distribuidora es culpable de que muchos lectores ignoren aún su primer libro, Mentiras a medias, un amplio estudio de la idea de verosimilitud que incluye una propuesta original, ya discutida en foros internacionales. El trabajo en epistemología general de las ciencias que aquí presentamos se articula, además, con sus aportaciones a la economía de la ciencia y a la propia reconstrucción racional de la metodología económica. No está de más, por tanto, el volver sobre los fundamentos de este proyecto, pues, como es sabido, no son pocas las dificultades que ofrece el concepto de verosimilitud.

Debiasing procedures are experimental methods aimed at correcting errors arising from the cognitive biases of the experimenter. We discuss two of these methods, the predesignation rule and randomization, showing to what extent they are open to the experimenter’s regress: there is no metarule to prove that, after implementing the procedure, the experimental data are actually free from biases. We claim that, from a contractarian perspective, these procedures are nonetheless defensible since they provide a warrant of the impartiality of the experiment: we only need proof that the result has not been intentionally manipulated for prima facie acceptance