Juan Carlos Velasco

La condición de nacional de un Estado ha dejado ser el requisito indispensable para el disfrute de los derechos asociados a la ciudadanía. La intensa transformación que las instituciones estatales ha experimentado con el avance imparable de los procesos de globalización, así como el notable progreso de la cultura de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, se encuentran entre los factores determinantes de importantes cambios normativos que afectan a la vida cotidiana de los inmigrantes. Éstos desarrollan con frecuencia diferentes formas de vinculación con el Estado receptor que no necesariamente pasan por la adquisición de la ciudadanía.

[EN] In this article the question of cultural diversity as it appears in the perspective of a republican conception of citizenship is discussed within three steps: in a first step, the ambiguous sense of the notion «citizenship» and its recently accelerated evolution will be presented; in a second step, the general features of the neo-republican approach will be outlined; and finally, the chances offered by a relecture of the republican topics with regard to an integration of the plurality of cultures and ways of life, which coexist within the complex contemporary societies and which base on migration processes, will be brought to mind. [ES] En este artículo se aborda la cuestión de la diversidad cultural contemplada desde la concepción republicana de la ciudadanía en tres pasos: en el primero, se presenta el sentido polisémico de la noción de ciudadanía y la acelerada evolución que ha experimentado en los últimos tiempos; en un segundo paso, se ofrecen los rasgos generales que caracterizan el enfoque neorrepublicano; y, finalmente, se da cuenta de las virtualidades que ofrece una relectura de los tópicos republicanos para integrar la pluralidad de culturas y formas de vida que conviven en las complejas sociedades contemporáneas a raíz de los procesos migratorios.

En este artículo se abordan las recíprocas implicaciones normativas existentes entre las concepciones de la justicia global y de la ciudadanía, por un lado, y la definición de las políticas migratorias, por otro. La exploración se hace en cuatro pasos: se ofrecen algunas razones para superar el enfoque estadocéntrico de la teoría de la justicia; se presentan la pobreza mundial y los flujos migratorios generados por ella como cuestiones ineludibles para una teoría de la justicia; se analizan los obstáculos que las fronteras estatales representan a la hora de implementar una concepción global de la justicia; y, finalmente, se argumenta a favor de redefinir la noción de ciudadanía de modo que constituya el horizonte normativo de las políticas migratorias.

Un mundo con “fronteras abiertas”, que no un “mundo sin fronteras”, aporta el marco institucional más propicio para el respeto de los derechos humanos y la instauración de la justicia distributiva a nivel planetario. En este artículo se argumenta a favor de esta tesis. El horizonte propuesto se compara con el actual estado de cosas, caracterizado por la obstrucción sistemática de la libre circulación de personas. Ante este panorama, y con el fin de afrontar de manera más integral la cuestión de las migraciones internacionales, se señala la necesidad de adoptar una mirada cosmopolita. Mantener a la vista una opción situada más allá de lo realmente existente, que no de lo posible, resulta imprescindible para poder someter a una mirada crítica la inquietante perspectiva que nos presenta la movilidad humana como una potencial amenaza para el orden establecido.

Argumentar constituye un quehacer cotidiano para los diferentes operadores jurídicos y, de modo especial, para quienes desempeñan la función judicial. Dado que las decisiones de los jueces están sometidas a un cierto control de racionalidad, es posible concebir las argumentaciones jurídicas empleadas en la aplicación del derecho como un modo institucionalizado de ejercitar la racionalidad práctica. Sin embargo, esto no implica, en contra de lo que a menudo se suele afirmar, que los procesos argumentatívos jurídicos estén sujetos en exclusiva a las leyes de la lógica deductiva. Cabe sostener el carácter racional de la aplicación del derecho sin caer en un logicísmo a ultranza ni en una defensa de las artes de la retórica y de la tópica: ahí está, entre otras, la vía defendida por la teoría discursiva de la argumentación jurídica elaborada por Robert Alexy a partir de presupuestos básicamente habermasianos, así como las correcciones contextualistas de la misma llevadas a cabo por Klaus Günthcr.