Cristian A. Fatauros

This paper explores three different versions of the principle of equality of opportunity to identify an ethical-normative justification for certain labor market activation policies. The focus is specifically on the subsidized hiring of the unemployed youth. Each interpretation is presented alongside its main ideas and the challenges it may entail. Roughly speaking, the principle of fair equality of opportunity seems qualified to justify such policies. Finally, the paper addresses a methodological question regarding which criteria should be relevant for evaluating public policies. It challenges the view that exclusively economic considerations are sufficient, advocating instead for the inclusion of ethical and political values inherent to each political system. The paper has a clarificatory aim and does not seek to determine the "correct" interpretation of the principle of equality of opportunity, but rather to identify the most suitable justification for subsidized hiring.

El principio de igualdad de oportunidades, aunque políticamente atractivo, es teóricamente inestable debido a ciertas ambigüedades en los términos centrales que definen este principio. Se discute si el principio debería asegurar una competencia de “cargos abiertos a todos” o exigencias más sustantivas que garanticen “iguales oportunidades de éxito” para las personas con talentos semejantes. En el ámbito teórico, se ha objetado que la igualdad de oportunidades es innecesaria para alcanzar una distribución justa. Además, se ha criticado que un principio que regule oportunidades y acceso a ciertos bienes es insuficiente. En este trabajo respondo a estas objeciones en tres partes. En la primera parte se identifica la que podría considerarse la concepción igualitaria dominante, el igualitarismo de la suerte, que exige mantener las desigualdades generadas por decisiones personales y compensar las que provienen de circunstancias arbitrarias e inequitativas. En la segunda se reconstruye la principal objeción que afirma que no es necesario establecer un criterio para distinguir las elecciones de las circunstancias, y que, en este sentido, el criterio es incierto y convierte cualquier elección en una circunstancia. En la tercera se argumenta que el principio puede ser defendido apelando a lo que se considera una idea normativa subyacente en la teoría de la justicia como equidad y que no está incorporada en la concepción igualitarista de la suerte. Esta idea normativa es la que contempla el doble rol que tienen las capacidades morales de una persona que se concibe como ciudadana de una sociedad justa.

Existe una aceptación generalizada de que una sociedad justa debería garantizar igualdad de oportunidades. Pese a esto, los fundamentos de esta idea, y sus implicancias institucionales todavía necesitan un mejor desarrollo. Una de las cuestiones más debatidas al respecto, gira en torno a si la igualdad de oportunidades tiene consecuencias realmente igualitarias, o, por el contrario, lo que hace es mantener o profundizar las desigualdades económicas existentes. En este trabajo identifico los detalles de la concepción “equitativa” de la igualdad de oportunidades que está presente en la teoría de la justicia rawlsiana para diferenciarla de una concepción meritocrática (formal) y de una concepción compensatoria o “sensible a la responsabilidad” (radical). Luego confronto algunas objeciones que expresan la idea de que la igualdad de oportunidades es un obstáculo para alcanzar una sociedad igualitaria y justa. El principal argumento en defensa del principio de equidad en la distribución se apoya sobre la idea de que igualdad de oportunidades implica que las personas puedan desarrollar sus talentos o capacidades para avanzar un plan de vida que las haga sentirse respetadas y valoradas.

In this paper we argue that there should be a relationship of dialogue (excluding subordination and independence) between neurosciences and normative ethics. Our main argument is based on the fact that knowledge from neuroscience (and, in particular, studies on the causal role of oxytocin in human behavior) can explain and give content to some motivational and psychological limits that would modify moral demands on individuals. We show that in the face of a hypothetical case proposing moral enhancement through the application of aerosolized oxytocin, neuroethical arguments alone are insufficient to determine its moral permissibility or impermissibility. Furthermore, we argue that it is also not possible to establish the superiority of normative arguments, since neuroscience insights are more effective in modifying behaviors constrained by our own physical and neurological constitution. We conclude that both serve to make decisions, both individually and collectively, to try to better accommodate our attitudes and behaviors to what we consider morally right to do.

The traditional doctrine on federalism claims that economic inequalities are morally justified as long as they result from the legitimate exercise of federal subunit self-government. This paper discusses that claim and examines the philosophical grounds of federal economic decentralization in order to lay the basis for a federal theory of distributive justice. I explore the analogy between federal organizations and the international order claiming that moral conditions of political legitimacy generate some requirements for distribution. But also, I criticize the idea of fraternity as a demanding and fragile political virtue. I try to show that fraternity gives us stronger reasons to reduce economic inequality in territorial federal states than in multicultural federal states.

En el debate sobre la equidad los impuestos indirectos han sido criticados por regresivos e inequitativos. Esta crítica, aplicada a los impuestos proporcionales sobre el consumo, supone que existe una distribución indebida de las cargas contributivas sobre los que menos tienen, y por lo tanto, se exige muy poco de quienes tienen mayor capacidad de pago. No obstante, existe una postura que rechaza la noción de capacidad de pago, y además afirma que cualquier evaluación en términos de equidad o inequidad es sesgada si no tiene en cuenta los efectos globales del esquema institucional en su conjunto. Este trabajo defiende que los impuestos proporcionales sobre el consumo sí pueden ser criticados de manera aislada, mediante una objeción interna y una objeción externa. La objeción interna permite aclarar por qué razón los impuestos sobre el consumo no necesariamente deben ser proporcionales para tratar equitativamente a los ciudadanos, pero además implica rechazar la idea de que los tributos indirectos son injustos. La objeción externa discute que la evaluación de las instituciones tributarias deba tomar en cuenta los efectos generales de la estructura institucional en su totalidad.

Este trabajo investiga las implicancias prácticas tributarias de la teoría rawlsiana de la justicia. Para ello se examinan las consideraciones morales que la teoría juzga aplicables al modelo de sociedad denominado "democracia de propietarios". Luego se explicita la manera en que se aplican sus principios en contextos de inequidad social. Finalmente, se consideran dos propuestas de aplicación práctica para basar el sistema tributario sobre los tributos al consumo. Se evalúa si estas propuestas son compatibles con la teoría liberal igualitaria rawlsiana y si colaboran en la promoción de las bases del autorrespeto y la reciprocidad cívica.

En este ensayo se examina de manera crítica el desarrollo de la filosofía analítica y, en particular, de la filosofía analítica latinoamericana. Se propone que esta última adopte un giro político y uno pedagógico con el fin de recuperar su espíritu original y reconectarse con la tradición intelectual latinoamericana. This essay is a critical examination of the development of analytic philosophy and, in particular, of Latin American analytic philosophy. It is argued that the latter ought to adopt a political and pedagogical turn in order to recover its original spirit and to be reconnected to Latin American intelectual tradition

Este trabajo analiza la relevancia de la noción de capacidad contributiva en una concepción igualitaria de la justicia y en particular si puede concebirse como una garantía que deriva de la protección de ciertas libertades básicas consideradas prioritarias. Se argumenta que no tiene este lugar y que por lo tanto la imposición de tributos no debe respetar esta restricción ya que no existe libertad básica que sea protegida por el principio de "capacidad contributiva". This paper discusses the relevance of the notion of "ability to pay" in an egalitarian conception of justice and particularly whether it could play a role as a guarantee that derives from a requirement of protection of certain basic liberties considered as priorities. It is argued that it does not have this place, thereby tax policies should not respect this constraint because there is no liberty protected by the "ability to pay" principle