Jesus Enrrique Caldera Ynfante

Esta obra aborda el reto de las prácticas argumentativas en los altos tribunales y las dificultades interpretativas; la conjugación entre democracia, justicia y populismo; y el Derecho ante la vulnerabilidad y las demandas de autonomía. Estas problemáticas reflejan inquietudes globales, pero también expresan cuestiones concretas en los sistemas jurídicos actuales. Quienes se interesen más allá de la formalidad del Derecho encontrarán un recurso para interpelar sobre temas cruciales para una justicia moderna. La obra ofrece: Retos argumentativos en altos tribunales. Democracia y justicia frente al populismo. Derecho ante vulnerabilidad y autonomía.

`Nuda Democracia´: Se reflexiona y contribuye a la deliberación académica, política y jurídica con la aportación del concepto de `Nuda Democracia´ o democracia desnaturalizada o vaciada de contenido que raya en los límites de la acracia. Ello, a partir de la conceptualización del autor quien considera la democracia como un derecho fundamental de nuevo tipo, omnicomprensivo, híbrido y abarcante, un hiperderecho, cuyo goce tangible es condición de posibilidad para el goce efectivo de los demás derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana de cuya garantía pende la realización del proyecto de vida valioso de la persona y su florecimiento humano en el Estado democrático constitucional. Se diserta sobre la noción del `Estado Cuidador ́ y del poder político orientado al cuidado de la vida, la protección de la persona y la naturaleza en función de la felicidad humana y la inclusión de los más vulnerables relacionados al concepto de Biocracia aportado por el autor. El profesor Caldera Ynfante, aporta su visión conceptual sobre la `Nuda Democracia´, como categoría política, descrita entre las diversas formas de `democracia degradada´ o `democracia atrofiada´ propias de esta fase de la era digital. Ante la gravedad de la destrucción del núcleo esencial de la democracia (asumida como derecho fundamental) analiza, con sentido crítico, sobre las modalidades de `democracias corrompidas´ o `democracias podridas´ en las que el sistema político y la democracia misma queda a merced de los abusos y la degradación del sistema político a manos de gobernantes deshumanizados e insensibles movidos por la sed de poder y control autoritario de la comunidad política gobernada. "Nuda democracia", a juicio de Caldera Ynfante, refiere a la democracia desnuda o democracia formal y vacía, que se caracteriza por la simulación de principios democráticos sin que existan en la práctica, especialmente cuando se combinan con problemas como la corrupción, la falta de participación ciudadana y la ineficacia gubernamental. El concepto también está asociado con el análisis filosófico de la "nuda vida", donde se considera que la vida humana en su estado más básico, sin derechos ni protección, puede ser dejada a merced del poder. Características y análisis de la "nuda democracia": Simulación democrática o falseamiento democrático: Se celebran elecciones y existen instituciones democráticas, pero no hay una verdadera rendición de cuentas ni participación significativa. Los procesos están controlados por el poder gobernante para legitimar su control. Ausencia de garantías de los derechos políticos inherentes e indispensables al ejercicio democrático: Se eliminan o manipula mecanismos de control y transparencia, como el código QR para verificar resultados electorales, creando un ambiente de fraude y desconfianza, de persigue opositores, se impide el funcionamiento de partidos políticos, se inhabilita administrativamente a contradictores, se suprime la financiación pública de las partidos políticos, se abusa de los recursos del Estado por parte de quienes detentan el gobierno, ruptura del principio de la separación de poderes, entre otras graves anomalías. Incapacidad de resolver problemas: La democracia en este contexto es incapaz de resolver los problemas sociales, económicos y de seguridad, lo que genera frustración y desafección en la ciudadanía. Falta de ciudadanía plena: Se pone en riesgo la noción de ciudadanía universal, ya que los derechos y la protección no se extienden a todos por igual, especialmente a grupos vulnerables, donde crápulas dominantes ejecutan la cooptación del poder político para irrespetar la dignidad humana o violar derechos y garantías fundamentales sin mecanismos efectivos de reparación a las víctimas y los excluidos. Pérdida del poder del voto: Se argumenta que votar en condiciones de simulación solo sirve para legitimar un régimen ilegítimo, ya que los resultados son predecibles y el voto no se traduce en un cambio real. Se señala la situación electoral de ciertos países donde los gobernantes de turno utilizan las elecciones para simular normalidad y legitimidad, eliminando las garantías democráticas, violando derechos y garantías fundamentales de la persona humana. Analizado desde la perspectiva de la "nuda vida", es la forma en que ciertos gobiernos autocráticos tratan a los migrantes, quienes, al perder sus cualificaciones y relaciones sociales, quedan reducidos a la categoría de "pura vida humana" sin derechos. Desafección y hartazgo: La ineficiencia y la falta de soluciones generan un profundo malestar social y una sensación de que la democracia no sirve para nada. Apoyo a regímenes autoritarios: El hartazgo de la ineficacia democrática puede llevar a la ciudadanía a considerar la opción de un gobierno "de mano dura" que prometa soluciones rápidas, incluso a costa de las libertades. Crisis de gobernabilidad: La falta de soluciones y la erosión de la confianza erosionan la legitimidad del sistema político y la capacidad del gobierno para gobernar en función de la dignidad humana, la realización del proyecto de vida valioso y el florecimiento humano de toda persona. Corolario: Con una argumentación centrada en la primacía de la dignidad humana como categoría normativa del constitucionalismo humanista, reivindica el humanismo en el derecho y la política en pos de la felicidad humana, el bien común y la convivencia fraternal en el que la noción de amor al prójimo, la caridad, la bondad, la empatía, la solidaridad y la misericordia social no son ajenas al Derecho ni a la Política...

El objetivo general del Proyecto de Investigación consiste en proponer mecanismos normativos y administrativos que contribuyan a la definición de una política pública de repoblamiento permanente el sector rural de CyL con 1000 familias venezolanas víctimas de desplazamiento forzado que vienen en Colombia a través de la implementación de la "migración sostenible" mediante la categorización y cualificación de la población objetivo para realizar labores agrícolas, pecuarias y oficios afines. El PI indagará de forma original y planificada buscando descubrir nuevos conocimientos en el tema de estudio y generar una comprensión abarcadora y superior en el ámbito científico. La población de CyL ha decrecido y el sector productivo agropecuario y de servicios afines ha visto mermada la oferta de personas capacitadas dispuestas a realizar tales actividades en el sector rural de CyL lo cual genera una necesidad o carencia en el sector productivo, además de su repercusión demográfica, que las autoridades gubernamentales, los gremios, la academia y la sociedad castellano-leonesa podrían superar pasando del diagnóstico del tema a la formulación de iniciativas legales aparejadas a medidas administrativas y de política pública concebidas a tales efectos.

Se analiza, de manera sucinta, la `mora judicial injustificada´, en el derecho penal dominicano, como violación del derecho fundamental al plazo razonable en tanto parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que está indisolublemente vinculado e interrelacionado, por ser indivisible e interdependiente, al goce efectivo del derecho superior al debido proceso que integra las denominadas garantías judiciales fundamentales. El cumplimiento institucional del deber de garantía judicial del derecho fundamental al plazo razonable, inherente a la dignidad humana, tiene rango constitucional y está taxativamente estatuido en la Constitución Nacional y la legislación dominicana, en general, quedando nítidamente configurado en el ámbito de aplicación penal. Con sustento en la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se describen las pautas a tener en consideración para evaluar y decidir acerca de su vulneración por la prolongación procesal irrazonable, aplicando el denominado `test interamericano de razonabilidad´ que se efectúa desde el `estudio global del procedimiento´. Dicho test, está conformado por el examen de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de los interesados; c) la actuación de las autoridades judiciales, y; d) la afectación generada. Se asume que las garantías judiciales efectivas pretenden la incolumidad de los derechos humanos fundamentales del justiciable y hacen parte medular del Estado democrático constitucional, por su inherencia a la dignidad humana, en toda actuación procesal. Son ellas la traducción del derecho superior a la tutela judicial efectiva indisolublemente vinculada al respeto al derecho fundamental invulnerable al debido proceso. El respeto por tales garantías procesales judiciales, incumbe al llamado deber de garantía estatal, establecido en el convencionalismo supranacional dentro del denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que, bajo la figura del Bloque de Constitucionalidad, le impone a la administración pública estatal en general y, a la judicial, en particular, la obligación ineludible de promover, proteger, asegurar y garantizar su satisfacción material efectiva. Su satisfacción efectiva, en el plano penal (y administrativo), está vinculada al logro del proyecto de vida valioso, el florecimiento humano y el funcionamiento activo y efectivo de la persona del justiciable, en la sociedad, en aras de promover la plena satisfacción de su derechos humanos fundamentales, puntal de su felicidad personal, lo que permite que el Estado y sus agentes le brinden oportunidades para el despliegue de sus talentos y capacidades, contando con condiciones institucionales y medios materiales para su satisfacción material, lo cual habilita su contribución al bien común, esto es, su aportación tangible a la felicidad social.

Resumen. Se reflexiona brevemente sobre la oportunidad histórica y política de los pueblos que integraron La Gran Colombia de someter a debate y posible aprobación popular e institucional un Proyecto de Constitución Grancolombiana o, si se prefiere, de la Carta Fundamental Andina, mediante la activación de una potente iniciativa constitucional popular, gestado desde abajo, que conforme un movimiento ciudadano, amplio y plural, que logre sensibilizar a la sociedad y el poder político de la necesidad y utilidad de su adopción para materializar ideales bolivarianos de fraternidad e integración entre nuestros pueblos hermanos como base para la refundación del “Proyecto Integrador Bolivariano” -PIB- orientado, en la actualidad y hacia el futuro, a que los Estados de la Unión Grancolombiana promuevan, protejan y garanticen la plena efectividad de los derechos humanos, promuevan la dignidad humana, cuiden la vida, protejan la persona humana y la naturaleza, permitan que la persona logre realizar sus proyectos de vida valiosos sin humillaciones ni temores, garanticen oportunidades para el florecimiento humano, promuevan la “Ciudadanía Grancolombiana”, generen convivencia pacífica, fomenten el progreso social y económico sostenible, incentiven el incentiven el desarrollo humano integral, asegurando la felicidad personal y el logro del bien común bajo la égida de un nuevo ethos unionista regional aquí llamado “Patriotismo Constitucional Grancolombiano”. El Congreso Internacional Conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta de 1821, que marcó el nacimiento de la República de Colombia, organizado por la Personería de Bogotá, la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada, con la participación de más de 30 destacados ponentes de universidades e instituciones de 9 países de Europa y América Latina, es el contexto propicio para esbozar, de modo sucinto, una idea que luce factible y posible: articular los diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales de la región andina para elaborar un Proyecto de Constitución Grancolombiana y someterlo a discusión y posible aprobación popular e institucional entre los pueblos y países que hicieron parte de la República de Colomboa, en aras del desarrollo humano integral, la prosperidad material, cuidando la vida, la dignidad humana y la integridad de las personas, junto a la protección de la naturaleza, asegurando la felicidad personal y el logro del bien común...

Resumen. Se reflexiona brevemente sobre la oportunidad histórica y política de los pueblos que integraron La Gran Colombia de someter a debate y posible aprobación un Proyecto de Constitución Grancolombiana o, si se prefiere, de la Carta Fundamental Andina, mediante la activación de una potente iniciativa constitucional popular, gestado desde abajo, que conforme un movimiento ciudadano, amplio y plural, que logre sensibilizar a la sociedad y el poder político de la necesidad y utilidad de su adopción para materializar ideales bolivarianos de fraternidad e integración entre nuestros pueblos hermanos como base para la refundación del “Proyecto Integrador Bolivariano” -PIB- orientado, en la actualidad y hacia el futuro, a que los Estados de la Unión Grancolombiana promuevan, protejan y garanticen la plena efectividad de los derechos humanos, promuevan la dignidad humana, cuiden la vida, protejan la persona humana y la naturaleza, permitan que la persona logre realizar sus proyectos de vida valiosos sin humillaciones ni temores, garanticen oportunidades para el florecimiento humano, promuevan la “Ciudadanía Grancolombiana”, generen convivencia pacífica, fomenten el progreso social y económico sostenible, incentiven el desarrollo humano integral, asegurando la felicidad personal y el logro del bien común bajo la égida de un nuevo ethos unionista regional aquí llamado “Patriotismo Constitucional Grancolombiano”. El Congreso Internacional Conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta de 1821, que marcó el nacimiento de la República de Colombia, organizado por la Personería de Bogotá, la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada, con la participación de más de 30 destacados ponentes de universidades e instituciones de 9 países de Europa y América Latina, es el contexto propicio para esbozar, de modo sucinto, una idea que luce factible y posible: articular los diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales de la región andina para elaborar un Proyecto de Constitución Grancolombiana y someterlo a discusión y posible aprobación ante las instancias competentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

De la lectura de Vita Activa que se ha realizado por algún sector de la filosofía, se interpreta que se deja de lado la idea tradicional de sociedad, en vista de las formas que ha adquirido la acción en tiempos en los que el animal laborans es absorbido por el mundo centrado en el rendimiento y el teletrabajo (lo cual denominamos en el presente contexto trabajo perennidad o intensidad de trabajo). A esta interpretación, se agregan elementos de juicio, que, según esa interpretación, no están en los argumentos que desarrollan la tesis de la condición humana. El animal laborans no está en el esquema de interpretación del dominio que la sociedad digital introduce desde una perspectiva psicopolítica; Ésta, está marcada por el dominio psicológico del sujeto, pues se configura un sentido del poder que tampoco estaba en el esquema interpretativo de la vita activa: hay, ciertamente, según apreciamos, un psicopoder creado por el dominio neuronal, si lo miramos desde la psicopolítica; Esto es, bajo parámetros de un cierto paradigma neuronal que pone en el objetivo de su acción el dominio político a través del psicopoder, dominando a través de la persuasión psicológica y no por intermedio de la coacción.

Derecho a la Autobiografía. Uno de los mayores retos de humanización planteados a la sociedad planetaria en los últimos lustros se localizan en diversos puntos del planeta. Las presentes reflexiones se afincan en una mirada desde Latinoamérica. En este sentido, dichos retos los constituyen las grandes migraciones que se producen desde países latinoamericanos hacia países de la misma región, cuestión para la que no estaban preparados, dada la magnitud de la diáspora, aunque la misma se dirige también hacia América del Norte y Europa, en buena medida, aunque en parte también para Asia y en muy poca medida hacia Oceanía. En ese sentido, la presente investigación se centra en dos categorías que se encuentran en el marco fundamental de los derechos humanos en casi todos los países democráticos, ligadas a la cuestión de la migración: estas son dignidad y desarrollo libre de la personalidad. Aquí consideramos que esta última categoría se desarrolla a partir de su enunciación como autorrealización del sujeto. Por otro lado, el hecho de la migración es interpretado a la luz de lo que se denomina “Derecho de Emigración”, el cual, sin embargo, se niega como tal derecho, al compararlo con el Derecho de Asilo. En la presente investigación, analizamos esta discusión.

Se analizan los conceptos "dignidad" y "autorrealización" en perspectiva filosófica, ambos como contenido de un derecho fundamentado a la autobiografía, el cual es analizado desde la subjetividad que conforma el concepto de migración forzada. La misma se produce en el contexto de las políticas públicas de aquellos gobernantes que emplean la pobreza y la exclusión como "instrumentos políticos". Se concluye que es un fenómeno global de atención al cual se le debe prestar, dado que la migración forzada transita por etapas diversas que deben ser analizadas a profundidad.

En su lectura de vita activa (2020), Byung Chul Han interpreta que Hannah Arendt deja de lado la idea tradicional de sociedad, considerando las formas que ha adquirido la acción en tiempos en los que el animal laborans es absorbido por el mundo centrado en el rendimiento y el teletrabajo. Han (2017) añade elementos de juicio que no están en los argumentos de Arendt (1998) desde Condición Humana. El animal laborans no está en el esquema de interpretación del dominio que la sociedad digital introduce desde una perspectiva psicopolítica. Según Han, bajo parámetros de un cierto paradigma neuronal, el dominio político se ejerce a través del psicopoder, dominando mediante la persuasión psicológica. Sin embargo, la “sociedad neuronal” también se caracteriza por el ejercicio del biopoder en la sociedad disciplinar. Han (2017) afirma que estamos en presencia de la psicopolítica, claramente distinta de la sociedad disciplinar. Desde esta perspectiva, se evidencia un tipo de poder que conjuga el dominio psicológico y corporal, configurando un cierto psico-biopoder. Los resultados hermenéuticos indican que vita activa, en el marco de las sociedades depauperadas, conmina al sujeto a renacer de su vitalidad humana, justificando un Derecho a la Autobiografía.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele ejecuta, de forma flagrante, el delito de tráfico de migrantes en concurso real con los crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria y desaparición forzada contra los venezolanos víctimas de un cautiverio inhumano, ilegal y contrario al derecho a la dignidad humana que les es inherente, por ser personas, destruyendo los pilares del deber de garantía que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (convencionalidad regional y global sobre DDHH) le impone al Estado salvadoreño.

La Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria (en adelante La Red Francisco de Vitoria), tiene entre sus objetivos los de difundir el texto y los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por todos los medios lícitos puestos a su alcance, contribuir a crear sociedades más justas e igualitarias a través de la promoción y el fortalecimiento del respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente respecto de los colectivos más vulnerables, tanto en España como en Hispanoamérica y en el resto de los países de lengua española, pudiendo promover iniciativas educativas, culturales, institucionales y de litigación estratégica ante instancias competentes para la protección de derechos humanos y fomentar la participación y el acompañamiento de procesos de elaboración de políticas públicas, de formulación o revisión de legislación, de construcción de instituciones para la salvaguarda de los derechos humanos, por todos.

El gobierno de los EEUU, a través de sus agentes, incurre en la realización de conductas que reúnen los elementos fácticos y jurídicos como para considerarlas configuradoras de la presunta ejecución de los delitos de lesa humanidad de deportación y desplazamiento forzado masivo, de forma flagrante, al revocarle el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 347 mil venezolanos que viven en los EEUU en situación migratoria regularizada conforme a Derecho, dado que la aprobación del TPS, a su favor, está sustentada en la Ley que regula la expedición del TPS, vigente en los EEUU. La arbitraria “cancelación” del estatus migratorio temporal de las personas afectadas está basada en motivaciones políticas, relacionadas con el origen nacional de las víctimas, es decir, por tener nacionalidad venezolana. Cabe indicar que la responsabilidad penal, frente a este tipo de crímenes atroces, es de carácter personal y no trasladable al Estado.

A juicio de los autores, la iniciativa de rebajar el IVA al 12% encuentra asidero legal y constitucional, desde la perspectiva jurídica y académica, como se describe en el artículo científico LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR EL INEXISTENTE “CONFLICTO ARMADO INTERNO” EN EL ECUADOR, según se explica seguidamente. La propuesta de rebajar el IVA al 12%, es una iniciativa política acertada, justa, pertinente y necesaria frente a una medida gubernamental representativa de un pago indebido de impuestos sin base constitucional, castigado por el Código Tributario ecuatoriano (artículo 122 concatenado a los artículos 306 y 307). Su aplicación, viene a obedecer al principio de constitucionalidad que hacen de la transparencia y la moralidad pública un imperativo ético de la actuación estatal orientada a restaurar la justicia tributaria y restituir la justicia social en el Ecuador. La propuesta de la candidata Luisa González, desde tal perspectiva, luce inspirada en el principio constitucional y político fundante de la República del Ecuador, que la erige como una República funcional bajo el modelo del Estado de derechos, que promueve la dignidad humana, protege y garantiza los derechos humanos fundamentales, la felicidad social y el respeto a la legalidad como presupuesto de la convivencia pacífica de la comunidad política. La propuesta, vista desde la vertiente académica, se enmarca dentro de lo que calificaríamos como un acto de justicia tributaria (guía de aplicación del principio de legalidad de los impuestos) que, por la proporción de sus efectos sociales y económicos, produce un evidente impacto en términos de justicia social, asumida con sentido de humanidad para favorecer a los ecuatorianos, en especial, a las personas y las familias que de los sectores más vulnerables, en situación de pobreza o debilidad manifiesta, que supone un reintegro por parte del Estado al contribuyente de lo indebidamente recaudado mediante los mecanismos de conciliación y diálogo social definidos al efecto o como resultado de una decisión judicial constitucional que así lo determine.

Se diserta sobre “RESISTENCIA TRIBUTARIA” JUSTIFICADA EN EL ECUADOR. Ello, porque gobierno del presidente Daniel Noboa estableció todo un “paquete” de “impuestos de guerra”, como la Contribución Temporal de Seguridad (CTS); un incremento del IVA, a discreción del presidente de la República, el pechaje del sector construcción, transferencias al exterior y otros impuestos. Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica (en adelante, la Ley), publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 516 del 12 de marzo de 2024, trayendo a discusión los aspectos jurídicos que vician de posible inconstitucionalidad dicha Ley, con fundamento en la normativa constitucional y tributaria de Ecuador. Con la Ley, dado el contexto de su aprobación, el gobierno creó un ´impuesto de guerra´, para financiar una guerra inexistente, partiendo del hecho que la Corte Constitucional del Ecuador estableció que en el país no existe un “Conflicto Armado Interno” (CAI). Así lo estableció en sus Dictámenes 5-24-EE/24 del 9 de mayo de 2024 y 6-24-EE/24 del 13 de junio de 2024, en los que declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos No. 250 de 30 de abril de 2024 y 275 del 22 de mayo de 2024, relacionados con el Estado de Excepción que ha regido en Ecuador desde el 10 de enero de 2024, soportado éste en la presunta existencia de un CAI, “decertado” y reconocido sin fundamento jurídico, pese a que no cumple con los supuestos fácticos y normativos fijados, con fuerza ius cogens, por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)7 para ser calificado como tal. El ´impuesto de guerra´, fijado en la Ley, por inconstitucional, es confiscatorio. Los Dictámenes, en el plano de la reflexión tributaria, reflejan la patética violación al principio de la constitucionalidad y de la legalidad fiscal, resultando viciada de nulidad absoluta la Ley y, con ella, la configuración del tributo, porque el hecho imponible (CAI) es inexistente, implicando que el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada `impuesto de guerra´ jamás tendrá materialización práctica (por inexistente) y nunca tendrá validez jurídica (por inconstitucional), resultando en un tributo confiscatorio, surgido contra la Carta Fundamental y evidente fraude a la legalidad tributaria del país, en perjucio del patrimonio personal o corporativo de los contribuyentes, residentes fiscales o establecimientos permanentes en el país a los que somete a un pago indebido sancionado en el artículo 122 10, concordado con los artículo 306 al 307 del Código Tributario del Ecuador. La nulidad absoluta e ineficacia del hecho imponible, por inconstitucional, deriva en la invalidez plena y la irrelevancia constitucional del inexistente hecho generador del tributo -proveniente de un acto de naturaleza jurídica - por la no realización fáctica, tangible y concreta del presupuesto generatriz establecido (CAI) en la Ley para su configuración. Como consecuencia, nunca jamás surge válidamente la obligación tributaria, cuya exigencia resulta ineficaz, por ilegal e ilusoria. La obligación tributaria, tiene que calificarse, en tal sentido, como no nacida lícitamente en el ámbito fiscal. Con ello, habría de resultar confiscatorio el pago de la alicuota del `impuesto de guerra´ fijado por el gobierno ecuatoriano de modo inconstitucional abusando del ejercicio del poder tributario relacionado con la urgencia en materia económica. Ante las hondas repercusiones económicas que genera en la población y el sector productivo del país, se describen las posibles vías institucionales disponibles en la regulación ecuatoriana para impugnar la Ley ante la Corte Constitucional del Ecuador -o en la jurisdicción constitucional- sin menoscabo de la eventual activación de la competencia derogatoria de la Asamblea Nacional frente a la misma. Se reafirma el principio de justicia tributaria y la vigencia del Estado social de derechos y de justicia consagrado en la República del Ecuador y la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de los hermanos ecuatorianos ubicados en la posición de destinatarios de un "impuesto de guerra" tan arbitrario como inconstitucional, que riñe con el enunciado constitucional y convencional del respeto a la dignidad humana y la incolumidad de la propiedad privada frente a actuaciones del Estado que representan un claro abuso en el ejercicio del poder público en desmedro de la legalidad fiscal, generador de un supuesto de patética injusticia tributaria adoptada a contracorriente de toda regulación en materia de impositiva con la publicación de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. En la lucha contra conductas gubernamentales transgresoras de la dignidad humana y frente a leyes inconstitucionales que afectan los derechos fundamentales, la libertad económica y la propiedad privada de los hermanos contribuyentes ecuatorianos y sus empresas afectadas. Este esfuerzo intelectual, realizado por nuestra familia de abogados, es una reverencia a la gesta de nuestros libertadores y un llamado al pueblo ecuatoriano económicamente afectado a resistir, por medios institucionales, frente al pago de impuestos arbitrarios e ilegales que atentan contra los principios fundamentales del orden público económico previsto en la Ley Fundamental. Lo anterior, como una singular expresión reglada, lícita y avanzada de dar al traste con una ley orgánica fiscal tan arbitraria como injusta, activando los mecanismos de protección de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos en el Ecuador. La pretensión judicial traduciría, mutatis mutandis, en la activación institucional de la añeja figura de la "resistencia tributaria" (objeción fiscal, desobediencia tributaria), que, en sus orígenes, nació como expresión de la desobediencia civil frente a leyes impositivas injustas, con el precedente del escritor estadounidense Henry David Thoreau, encarcelado por negarse a pagar un tributo electoral, reticente a contribuir con la continuidad de la esclavitud y la financiación de la Guerra entre México y EEUU, basado en la idea de que las personas deben priorizar su conciencia sobre la obediencia a leyes injustas.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) nació en Latinoamérica. Ante la creencia imprecisa de que el DIH surgió tras la batalla de Solferino (24 de junio de 1864), como consecuencia de la experiencia de Henry Dunant, se refuta y demuestra que tal aseveración carece de sustentación empírica y científica porque desconoce la importancia histórica y jurídica del Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado de Armisticio suscrito entre la República de Colombia (presidida por El Libertador Simón Bolívar) y el Reino de España (representada por el Mariscal Pablo Morillo) en Trujillo, Venezuela, el 27 de noviembre de 1820, que culminó con el encuentro de ambos líderes combatientes en la histórica población de Santa Ana de Trujillo, llamada, desde entonces, "Morada de Paz" o "Cuna de la Diplomacia Americana". Se destaca en el texto que tales Pactos Internacionales, denominados los "Tratados de Trujillo", fueron aplicados, a modo de precedente jurídico y humanitario, en las diversas Capitulaciones y Acuerdos de Paz que van desde 1820 a 1830 durante el curso de la Lucha de Emancipación frente al imperio español, dando nacimiento al "Derecho de la Guerra" moderno sometido a los sentimientos de piedad, justicia y humanidad. La obra destaca que, a contrario sensu de la opinión mayoritaria, el DIH se configuró en Latinoamérica durante la Guerra de Independencia que lideraron El Libertador Simón Bolívar, El Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y los Padres Libertadores de la Gran Colombia (antes integrada por los ahora Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) frente al Reino de España, entre 1810 y 1830. La aseveración relacionada con que el DIH nación en dicho contexto local (y no en Europa), tiene como soporte legal, jurídico o dogmático un enorme cúmulo de instrumentos bilaterales y multilaterales (Acuerdos, Capitulaciones, Amnistías y Tratados) que sentaron las bases del "Derecho de la Guerra" o de la humanización del acto violento la guerra a través de su sometimiento a las reglas jurídicas como mecanismo para contener la venganza, la aniquilación y la destrucción de la vida y los bienes del enemigo en el conflicto bélico. Se sostiene que con dicha regulación, se generó y consolidó el Corpus Iuris Pro Humanitatis, para, en medio de la guerra sometida, a la legalidad y el sentido de justicia, resaltar y proteger la dignidad humana de los combatientes, heridos, enfermos, prisioneros de guerra, población civil (no beligerante), los bienes ajenos a las operaciones militares y lograr preservar la paz como valores y principios superiores de la humanidad. Para confirmarlo, vale la cita textual de lo afirmado por Simón Bolívar, El Libertador, cuando le escribió entonces a Pablo Morillo que ambos Estados estaban compelidos a suscribir "...un tratado verdaderamente santo, que regularice la guerra de horrores y crímenes que hasta ahora ha inundado de lágrimas y sangre a Colombia, y que sea un monumento entre las naciones más cultas, de civilización, liberalidad y filantropía..." (Simón Bolívar: Carta a Pablo Morillo, Cuartel General de Carache, 3 de noviembre de 1820). Contenido del libro: Parte Primera. Elementos teóricos y normativos. Clásicos que forjaron el ius in bello hispano fuente jurídica primaria del ius in bello hispano-grancolombiano y del DIH contemporáneo: Capítulo I. Aportes de la edad antigua al ius in bello en general. Capítulo II. La Edad media y la Edad moderna: sus aportes en la definición de la «guerra justa» como teoría influyente en la fundamentación del ius in bello hispano. Parte Segunda. La Escuela de Salamanca y su influencia en el desarrollo del derecho internacional y el ius in bello hispano: Capítulo I. Sobre la Escuela de Salamanca y la ’guerra justa‘. Capítulo II. Otros referentes teóricos y regulatorios europeos y americanos relacionados con la conformación del ius in bello. Capítulo III. La edad contemporánea, el ius in bello y los DDHH. Parte Tercera. Acuerdos humanitarios entre la corona española y los beligerantes independentistas de Venezuela y la Nueva Granada antes de los tratados de Trujillo (1812/1819). Capítulo II. El trienio de los acuerdos humanitarios hispanograncolombianos durante el trienio liberal español: los tratados de Trujillo de 1820 y su aporte a la configuración del ius un bello hispano-grancolombiano. Parte Cuarta. El trienio de los acuerdos humanitarios hispanograncolombianos durante el trienio liberal español: otros acuerdos humanitarios convencionales para la regulación y humanización de la guerra posteriores a los tratados de Trujillo: Capítulo I. Las capitulaciones hispano-grancolombianas en Venezuela despues de los tratados de Trujillo. Capítulo II. Acuerdos humanitarios convencionales iberoamericanos en la campaña libertadora del sur del continente americano. Parte Quinta. Otros referentes normativos y conceptuales posteriores a los tratados de Trujillo y el impacto del ius in bello hispano-granclombiano en los principios basicos del DIH de las convenciones de Ginebra: Capítulo I. Referentes conceptuales y jurídicos posteriores a los tratados de Trujillo, que influyeron en la conformación del derecho humanitario de la guerra y del DIH contemporáneo. Capítulo II. La influencia notoria del ius in bello hispano-grancolombiano sobre la configuración de los principios básicos del DIH vigente. Capítulo III. Reflexiones sobre la odiosidad de la guerra y un proyecto de futuro para Iberoamérica y la familia humana.

En esta obra del profesor Caldera Ynfante, resultado de una ardua investigación científica y académica, se reafirma que la Guayana Esequiba es territorio venezolano basado en la tradición legal inalterada de sólidos títulos jurídicos e históricos que respaldan sus derechos soberanos adquiridos sobre el mismo y su área marina y submarina adyacente no delimitada, apoyados en laDoctrina Bolivariana acerca de la aplicación del principio uti possidetisiuris. Enfocado en elementos de la litigación estratégica, da opciones para la defensa jurídica de Venezuela ante la demanda presentada por el gobierno de Guyana en CorteInternacional de Justicia (CIJ), calificada de improcedente porque la CIJ no tiene jurisdicción sobre Venezuela (ni sobre Guyana); Venezuela no ha dado su consentimiento libre y soberano para someterse al juicio, un requisito obligatorio para su validez; se le han conculcado garantías procesales básicas desconociéndole el derecho a la libre elección de medios de resolución de controversias, el derecho al juez natural, al debido proceso y a la defensa; se ha violado el Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de Guyana y la propia CIJ, bloqueando así la vía diplomática para un arreglo amigable y que Guyana, de manera engañosa, busca revivir la "validez" del Laudo Arbitral deParís de 1899, ya abrogado, abolido y sin efectos jurídicos por lasPartes mediante la ratificación voluntaria del vigente Acuerdo de Ginebra de1966. Se señala que el pleito judicial en la CIJ, tiene una causa y un objeto ilícito, basado en el soborno internacional ejecutado por la petrolera estadounidense ExxonMobil que ilegalmente ha pagado el proceso contra Venezuela a cambio de la explotación del bloque petrolero Stabroeck, ubicado en el área marina no delimitada, adyacente al territorio Esequibo venezolano, objeto de la controversia. Tan grave crimen, impune hasta el presente, contraviene el Derecho Internacional y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977) que, por su relación con el pleito, no puede ser ignorado por la CIJ y deber ser investigado en Venezuela y en los EEUU (Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores -SEC-), porque la ExxonMobil y sus principales accionistas se cotizan en Bolsa, debiendo responder sus directivos en lo criminal y ellas en lo patrimonial por el daño causado al Estado y al pueblo venezolano.

En la presente reflexión, se exponen algunos de los efectos jurídicos y procesales derivados de la Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela (Declaración Conjunta, en adelante), publicada en San Vicente y Las Granadinas en fecha 14 de diciembre de 2023. Se analizan, de manera sucinta, las implicaciones procesales que la Declaración Conjunta, asumida como elemento material probatorio, genera a favor de la posición jurídica de Venezuela que puede promover, con base a una serie de hechos nuevos de relevante valor y eficacia procesal, tanto la i) la excepción de inadmisibilidad sobrevenida de la demanda judicial que, por el territorio de la Guayana Esequiba, promueve Guyana contra Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dada la impprocedencia de la misma y ii) la excepción de incompetencia sobrevenida de la CIJ para tramitar y decidir el litigio... Los autores dejan enunciado que, conforme a los Principios Generales del Derecho Internacional, concordados al artículo 52 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y con la Declaración Conjunta de Argyle, es jurídicamente factible que Venezuela, conforme a los Principios el procedimiento de los artículos 65 y 66 ejusdem, promueva la nulidad absoluta retroactiva del Tratado Arbitral de Washington de 1897 y, de manera consecuencial, la nulidad absoluta retroactiva, ya reconocida, del Laudo Arbitral de París de 1899 por la coacción y la agresión y la invasión territorial que sirvieron de contexto y pretexto para su aprobación por parte de Venezuela, como medio para tratar de darle aparente legalidad a la ocupación militar ilegal de nuestro territorio Esequibo por parte del Reino Unido.

La investigación concibe la democracia como un derecho fundamental, embrionario y complejo, cuyo contenido esencial es un haz de derechos, todos fundamentales, que recíprocamente se realizan de manera interrelacionada e interdependiente a su goce efectivo en el Estado social de derecho, que cumple los requisitos de dogmática jurídica de la Corte Constitucional colombiana, concebidas en normas supranacionales vinculantes, integrado por una faceta procedimental (formación del principio de mayorías) y otra sustancial (concreción de la dignidad humana y goce de los derechos fundamentales de su núcleo esencial), denominado democracia integral, democracia iusfundamental o D+EBDH.

El presente texto llama la atención del lector y, en sus líneas, busca destacar la importancia jurídica y política que representa, en el corpus del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la actualidad, el contenido de derecho forjado por los próceres libertarios durante la guerra de independencia de las repúblicas que conformaron la Gran Colombia, cuyo contenido estuvo orientado a la humanización y civilización de la barbarie de la guerra, bajo la égida del respeto a la condición de la persona humana. La aproximación al tema no demerita ni niega otros aportes arrimados por pensadores, estudiosos, filántropos, universidades u organizaciones en la consagración y evolución del DIH, que por ser conocidos y aparecer en la bibliografía autorizada (nacional e internacional) sobre el mismo serán obviados en cuanto a su inclusión en el texto. Este significativo aporte socio-jurídico, que pasa inadvertido (y hasta ignorado) para muchos de nuestros tratadistas locales y, con mayor razón, para los estudiosos foráneos del tema, merece ser replanteado en su análisis y relanzado al sitial, no solo histórico, sino educativo, cultural, político y jurídico en que deberíamos tenerlo quienes profesamos, por vocación o por actos de fe, la pasión por el estudio del derecho y el prudente saber de la justo.

Apotegma: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. " (Nelson Mandela, Ushuaia, Argentina, 24 de julio de 1998). Resumen: Caldera Ynfante, concibe la democracia como derecho fundamental complejo, onmicomprensivo, ensamblado, un supra derecho, al que denomina democracia integral, conformado por i) una faceta procedimental/instrumental en tanto mecanismo pertinente para la formación electoral de las mayorías y la manifestación de la voluntad popular mediante el voto y ii) una faceta sustancial o material relacionada con el logro de la realización del contenido normativo de la dignidad humana cuyo deber ser, como entidad normativa, es el respeto que merece toda persona humana en la sociedad democrática a la que se le deben satisfacer todos sus derechos fundamentales para que alcance florecimiento humano y sea feliz, contribuyendo al bien común, gozando de bienes materiales e inmateriales adecuados para una existencia decente que le permita una vida de calidad, contando con oportunidades que permitan el despliegue de sus talentos y capacidades humanas que le abran posibilidades de ser y funcionar efectivamente en la comunidad política en función de la realización de su proyecto de vida valiosa, elegido libremente, sin miedo ni temores, sin daños o arbitrariedades, con seguridad humana, seguridad jurídica, estabilidad, libertad política y progreso económico, sin pobreza ni miseria. Ello, desde la perspectiva de la doctrina de la integralidad de los derechos fundamentales, bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)

Dignidad humana, Internet, hiperderecho fundamental, desigualdad digital, mínimo vital digital... Se analiza la evolución dogmática de la categoría dignidad humana, acuñada por la Corte Constitucional colombiana, desde la visión del “constitucionalismo humanista”, articulado con i) la plena efectividad de los derechos humanos; ii) el logro del proyecto de vida valioso de la persona humana y iii) el tratamiento legal y jurisprudencial que sobre el acceso a Internet como derecho humano viene dándose a nivel internacional y nacional en medio de la sociedad digital. Se describe la relación de funcionalidad que existe entre los derechos fundamentales y el logro contenido normativo de la dignidad humana; la forma de derecho subjetivo de éstos y el consenso de dogmática constitucional que los caracteriza. Se sostienen que el acceso a Internet puede ser reconocido como un derecho fundamental apegado a los requisitos de dogmática constitucional para la realización del proyecto de vida valioso de la persona y su funcionamiento efectivo en la sociedad, imponiendo al Estado el deber de adoptar decisiones y aplicar políticas públicas que garanticen tangiblemente dicho derecho y los demás derechos fundamentales que convergen en su núcleo esencial, que permitan superar la desigualdad digital, promover la democratización digital o informática, aprobar un mínimo vital digital -basado en la universalidad, solidaridad, accesibilidad, equidad y gratuidad-, y alcanzar la inclusión tecnológica de la población más vulnerable o vulnerada, en situación de indigencia digital o pobreza informática.

Se estudia, con fines académicos, el proceso penal de única instancia o de jurisdicción privilegiada, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, previsto en el artículo 154.1 de la Constitución dominicana de forma expresa con el objetivo de asegurar el funcionamiento de altos cargos del Estado siendo sujetos procesales pasivos aquellos funcionarios públicos investidos de inmunidad o fuero procesal. Para que la SCJ tenga competencia judicial inobjetable y pueda juzgar válidamente, en única instancia, a personas particulares sin dicha prerrogativa procesal, por arrastre o por conexidad de la causa, tiene que estar autorizada expresamente por la ley procesal penal dominicana (que no es el caso) sin que le valga invocar la jurisprudencia interna porque contradice el derecho convencional y desconoce decisiones vinculantes -cosa interpretada de la Corte Interamericana de DDHH.

Este artículo analiza el ordenamiento electoral de República Dominicana, en sintonía con una tendencia común del derecho público de Occidente, que tipifica el transfuguismo político-electoral y sanciona la conducta desleal del tránsfuga contra las decisiones o los postulados del partido político, con la limitación de sus derechos políticos pasivos, no pudiendo ser postulado ni ser elegido a cargos de elección popular. El transfuguismo traduce una restricción de tipo legal interno contra todo actor político que traiciona a sus compañeros de partido, a su partido o las decisiones de sus órganos partidarios, pactando con otras fuerzas políticas, basada en normas constitucionales, convencionales y en decisiones de organismos judiciales o instancias internacionales de protección de derechos humanos que, de manera vinculante, por efectos de la cosa interpretada (res interpretata), le confieren legitimidad y validez jurídica a la inhabilitación que se impone al transgresor frente a su conducta de perfidia político-partidista. Esto incluye la restricción del goce de sus derechos políticos pasivos, prohibiéndole ser nominado como candidato a cargos públicos, limitándole el derecho a ser elegido, como consecuencia de prácticas de transfuguismo político-electoral.