Joaquín Sarrión

El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación que, al menos en la Unión Europea, están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008. Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la tecnología incorporada –que está en constante desarrollo– garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones y el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno). Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones.

ecientemente hemos podido asistir a una revitalización del debate sobre la primacía del Derecho de la Unión Europea y los eventuales límites de la misma que algunos tribunales constitucionales defienden para preservar la identidad constitucional y otros principios esenciales del orden jurídico interno. El Tribunal Constitucional Federal alemán ha declarado, en sentencia de 5 de mayo de 2020, que la sentencia Weiss y otros del Tribunal de Justicia de la UE es ultra vires. La reacción mayoritaria institucional y doctrinal ha sido la de cuestionar la decisión del Tribunal alemán, así como el pluralismo constitucional que entienden está detrás de la misma. Este trabajo, desde una perspectiva abierta y plural, trata de aproximarse al debate constitucional, identificar algunos de los problemas existentes en el orden jurídico multinivel europeo, y defender que, no siendo las cosas fáciles, se hace más necesario que nunca huir de posiciones absolutas y buscar el diálogo entre tribunales.

El derecho a la propiedad forma parte indiscutible de la historia y evolución del constitucionalismo, y encuentra su reconocimiento en el artículo 33 de la Constitución Española delimitado por su función social. Cuando se van a cumplir 40 años de nuestra Carta Magna es un buen momento para realizar una revisión de su configuración en nuestro sistema constitucional y, teniendo en cuenta la apertura de nuestro texto constitucional, aproximarnos al mismo desde una perspectiva multinivel, atendiendo por tanto a la importancia de su configuración en el nivel externo, en especial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Derecho de la Unión Europea.

La protección de datos constituye un derecho fundamental que, si bien vinculado a la esfera privada de los individuos, goza de entidad propia, y se entiende como un haz de facultades que implican el poder de disposición de los datos, esto es, el derecho a que se solicite el previo consentimiento para su recogida y uso, así como el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Derecho que en España está basado en el artículo 18.4 de la Constitución Española, y del que deriva la facultad de cancelación al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. En este trabajo estudiamos si este derecho puede afectar a los Libros de Bautismo de la Iglesia Católica o es más bien la libertad religiosa, que se contempla como derecho o libertad fundamental en el artículo 16 de la Constitución Española, la que debería tenerse en cuenta en relación con los Libros de Bautismo. Debemos considerar que esta libertad podría jugar desde dos perspectivas distintas, o, dicho de otro modo, respecto de dos titulares diferentes: por un lado la Iglesia Católica que considerada como confesión constituye un colectivo de fieles que ostenta la libertad religiosa y tiene derecho a la protección de la misma frente a agresiones externas; pero también la libertad religiosa del individuo, que se concretaría en la posibilidad de pertenecer o no a dicha confesión y en cualquier momento a abandonarla, y las posibles consecuencias de esta decisión en relación con los Libros de Bautismo.

La protección de los derechos fundamentales en el sistema multinivel europeo exige de criterios hermenéuticos que posibiliten la delimitación del contenido y extensión del derecho fundamental en juego. Así, debemos considerar los derechos fundamentales reconocidos a nivel nacional (Constituciones), internacional (Convenio Europeo de Derechos Humanos) y de la Unión Europea (Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Es necesario delimitar los criterios de interconexión más adecuados para llegar a los criterios de interpretación de los que se deriven las exigencias y garantías de los derechos fundamentales. En el marco de los países miembros de la Unión Europea, que son a su vez parte del Consejo de Europa, es donde se da este sistema multinivel a tres bandas, donde será necesario analizar los criterios de interconexión desde el derecho de la Unión Europea, que es el que consagra el criterio del máximo nivel de protección aplicable, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, y que como veremos es compatible con los límites constitucionales consagrados en la doctrina constitucional de los Estados miembros, así como con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (teniendo en consideración la futura adhesión de la UE), puesto que este criterio implica que a la hora de tutelar los derechos fundamentales habrá que buscar el nivel más alto de protección de los mismos.

Resumen: El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación, que al menos en la Unión Europea están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008. Lo mismo ocurre a nivel interno en el Derecho español con la Ley 18/2014 y el nuevo proyecto. Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la tecnología incorporada -que está en constante desarrollo- garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones, y el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno). Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones. Abstract: The legal framework the use of the drones points out great challenges, and it is essential to develop a study to attend the different levels of regulation, that at least in the European Union, we can see with provisionality and contingency, as it is the case of the Regulation 216/2008. The same thing happens internally in Spanish Law with the Law 18/2014. However, we need to establish an adequate regulation of the civilian use of drones and embedded technology - which is in constant development - while ensuring legal security for drone operations, and respect for fundamental rights that may be affected, with a multi-level legal perspective (EU, internal). This work is precisely an analysis of the current European and Spanish legislation from that perspective, with a particular focus on the civil use of drones.

Recientemente el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha venido a resolver, en Sentencia de 18 de junio de 2012 (rec. núm. 489/2007), un recurso de casación en el que se planteaba la cuestión de la eficacia en España, a efectos registrales, de una escritura otorgada ante notario alemán, dándole validez, y, por tanto, estableciendo su aptitud para generar la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad español. Los argumentos fundamentales de la sentencia que comentamos son dos: en primer lugar, la libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea excluiría la posibilidad de interpretar que se pueda imponer la intervención en todo caso de un notario español lo que constituiría una restricción de la libertad fundamental antes citada; y en segundo lugar, entendiendo que los efectos de la escritura pública alemana debían regirse por lo previsto en el Derecho español, esto es, los previstos en el artículo 1.462 del Código Civil, y no los previstos en el Derecho alemán, donde se exige un segundo acuerdo de carácter dispositivo para que se produzca la transmisión de la propiedad.

In the present work, we propose to analyse the category of consumer and how this individual status is being conditioned by European Union (EU) law. After a brief reference to the methodology used, the analysis begins with a consideration about the foundations of consumer protection in EU law and how it developed from an instrument to develop the EU internal market to a relevant one to define the EuroStatus of EU citizens and residents as consumers and players in the market under modern EU law. We will consider consumer protection configuration, the notion of consumer, and the development of a consumer legal framework in the EU, with references to national legislation that can reinforce consumer status. We also consider the European Court of Justice (ECJ) case law, not only regarding its important role in the definition of the notion of a consumer but also in the development of a consumer constitutional procedural for EuroStatus, consolidating the consumer position in the national judicial process.

En Europa vivimos inmersos dentro de una pluralidad de sistemas constitucionales: tanto los sistemas estatales como el sistema de la Unión Europea. Esto podía llevar a ciertas situaciones de conflicto, al menos en una perspectiva teórica en principio, y por ello se ha tratado de explicar y solucionar la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea mediante la teoría llamada «pluralismo constitucional». Sin embargo, se plantean dudas que pueden llevarnos a considerar dicha teoría como una mera «construcción artificial» que no haría sino ocultar los verdaderos problemas de la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

La función de los órganos jurisdiccionales nacionales como jueces ordinarios del Derecho de la Unión Europea es una de las cuestiones jurídicas fundamentales del proceso de integración europea. En el ámbito de dicha función, la cuestión prejudicial es un instrumento esencial para garantizar una interpretación y aplicación homogénea del Derecho de la Unión además de coadyuvar a la cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia. Vamos a tratar de estudiar este instrumento del planteamiento de la cuestión prejudicial, en particular por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, tanto desde el punto de vista europeo como nacional, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de nuestro Tribunal Constitucional.

La prueba de ADN constituye una herramienta esencial en la investigación criminal, más aún en un contexto de criminalidad globalizada como el que vivimos hoy en día. El objetivo de la utilización de los perfiles de ADN debe ser la obtención de una prueba válida, que goce de eficacia en un proceso penal (en general un proceso nacional), lo que exige que sea lo más fiable posible, y que su obtención respete los derechos fundamentales (y los requisitos legalmente establecidos). Estas notas deben darse en las distintas fases que integran lo que se ha llamado «uso forense de la tecnología del ADN»: obtención de la muestra, extracción del perfil y su tratamiento en la base de datos. El objetivo de este trabajo es aproximarnos a las exigencias derivadas del respeto de los derechos fundamentales en la fase de la obtención de la muestra de ADN, a nivel interno, así como tratar de identificar los problemas existentes en este ámbito teniendo en consideración la participación de nuestro país en el proceso de integración europea.

La primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea se proyecta también sobre la Administración Pública y sobre sus actos. Esto obliga a la Administración, como sucede con el juez nacional, a aplicar el Derecho europeo de forma efectiva, lo que exige realizar una interpretación conforme del derecho interno y de la práctica administrativa. Sin embargo, a diferencia del juez nacional, la Administración Pública carece de la guía interpretativa del Tribunal de Justicia. Esto hace muy necesario tener en consideración la doctrina de este tribunal sobre la primacía y efectividad del Derecho europeo y su proyección sobre los actos administrativos, donde si bien la seguridad jurídica protege como regla general a los actos administrativos firmes, en algunos casos se deriva una facultad o una obligación de revisión de actos administrativos firmes. El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación de la primacía y efectividad del Derecho de la Unión sobre los actos administrativos.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales adquiere eficacia jurídica, y se prevé la posibilidad de que la Unión Europea se adhiera al Convenio de Roma. En este trabajo pretendemos acercarnos a los antecedentes que han justificado una huída de la tutela de los derechos fundamentales de base jurisprudencial desarrollada por el Tribunal de Justicia hacia una formalización de la misma, a través de dos caminos: la formalización a través de una declaración de derechos que se ha concretado en la Carta de Derechos Fundamentales, y la adhesión al Convenio de Roma. Finalmente trataremos de esbozar las perspectivas que se abren en el horizonte constitucional de la Unión Europea, donde gozamos ya de un Tribunal de Justicia que ejercerá una función tan constitucional como la tutela de los derechos fundamentales, contenidos ya en una declaración con fuerza jurídica, cuya interpretación se vincula al Convenio de Roma.

El régimen jurídico aplicable a los contratos en el procedimiento concursal se ha visto renovado por la nueva Ley Concursal (LC). En un periodo de crisis económica es importante conocer las condiciones jurídicas de los contratos una vez se ha declarado el concurso de acreedores. Conforme al artículo 21.2 de la LC, dictado el auto de declaración del concurso, los efectos del mismo se producen de inmediato. Y los contratos estipulados previamente por el concursado y que están pendientes, le dotan de derechos u obligaciones frente a otra u otras personas, y es necesario determinar en qué medida afecta la declaración de concurso a estos derechos u obligaciones. En este trabajo tratamos de hacer un esbozo de este régimen jurídico, apuntando las cuestiones que ha planteado la doctrina respecto a problemas de interpretación que ha dejado abiertos la LC. No queremos dejar de señalar que el actual escenario requiere un estudio en profundidad de este régimen jurídico contractual que aborde, no solo los aspectos problemáticos que ha encontrado la doctrina, sino también las soluciones prácticas que han terminado por adoptar los jueces de lo mercantil. Esperemos que pronto se lleve a cabo este estudio jurisprudencial del Derecho contractual concursal, que sin duda será interesante para los concursalistas, y que necesariamente deberá ser abordado con una sólida formación no solo en Derecho mercantil sino también en Derecho civil, lo que refleja la singularidad que comienza a adquirir el Derecho concursal como disciplina jurídica. Esta singularidad es más significativa en lo concerniente al Derecho contractual, pues incluso se introduce en el laberinto del Derecho administrativo como ponemos de manifiesto al tratar el artículo 67 de la LC en este trabajo.

El principio de seguridad jurídica tiene, como una de sus manifestaciones características, dentro del Estado de Derecho, la fuerza de cosa juzgada (res iudicata) que se atribuye a las sentencias o resoluciones judiciales equivalentes firmes, y que implica tanto su impugnabilidad como su potencial influencia en litigios posteriores que guarden una conexión con el asunto ya resuelto en firme. Sin embargo, es posible que estas decisiones judiciales firmes de jueces nacionales, por diversas causas (error, omisión, interpretación manifiestamente contraria, etc.) vulneren el Derecho de la Unión Europea y, por tanto, afecten tanto a su primacía como a su efectividad en sus relaciones con los ordenamientos jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de enfrentarse al dilema de ponderar el principio de fuerza de cosa juzgada con las primacía y efectividad del Derecho de la Unión en diversas sentencias. Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación y revisar la jurisprudencia más importante al respecto hasta la actualidad.

Como es sabido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados miembros están regidas por el principio de primacía del primero sobre los segundos. Sin embargo, la autoridad formal que puede ostentar el Derecho de la Unión Europea en los sistemas jurídicos nacionales no va a depender en exclusiva de la jurisprudencia de dicho tribunal, sino que está condicionada, en gran medida, por las características de cada ordenamiento nacional, y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos nacionales. De hecho, en gran parte de los Estados miembros, fundamentalmente en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos de los mismos, se pueden encontrar ciertas reservas o límites a la aceptación de la primacía del Derecho de la Unión. El propósito de este trabajo es estudiar el origen y desarrollo de estas reservas como límites constitucionales a la integración europea para que, consiguiendo un pequeño esbozo de la situación actual de estos límites, podamos comprender mejor las relaciones entre las más altas cortes de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia en un sistema jurídico multinivel.

En diversas ocasiones se han producido tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que han trascendido a la opinión pública y que han sido motivo de debates, tanto en la doctrina como en la arena política. Estas tensiones se agudizaron con ocasión de la famosa condena por responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo; y que ha sido causa de que el legislador haya introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de medidas tendentes a fortalecer la posición institucional del máximo intérprete de la Constitución. En este trabajo tratamos de acercarnos a estas tensiones, tanto cuando interviene la Sala Primera del Tribunal Supremo, como cuando interviene la Sala Segunda y la relevancia que tiene cada episodio. A esta situación, se une la fuerza jurídica con la que se acaba de dotar al Tribunal Constitucional con motivo de la reciente reforma de su ley orgánica. El Tribunal Constitucional dispone ahora del instrumento del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que pretende garantizar la fuerza vinculante de su jurisprudencia que ya se desprendía de la Constitución y su ley orgánica. Es necesario estudiar si esta reforma va a ser o no suficiente para garantizar de forma definitiva la supremacía del Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico-constitucional; y en qué medida esta reforma afecta al equilibrio institucional existente. También se reflexiona, en último lugar, sobre la conveniencia de una articulación distinta del sistema de responsabilidad de los Magistrados constitucionales, que, sin restarles independencia, les dote de una mayor legitimidad en el ejercicio de su función.

Pretendemos acercarnos a la posición que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia respecto al Derecho de la Unión Europea. La postura del Tribunal Constitucional español es compleja en sí misma por las dudas que plantea, dejando traslucir, se podría decir, cierta indecisión en cuanto a su propia naturaleza de juez comunitario. Considerando la diferente perspectiva que mantiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede deducir una especie de relación en la arquitectura judicial europea que está llamada a ser dialéctica y de equilibrio, máxime en una Unión Europea donde también el poder político reside en un sistema de equilibrios en diferentes direcciones.

Resumen. Premio de artículos jurídicos «GARCÍA GOYENA» (Curso 2013-2014). Tercer accésit El proceso de integración europea, en el que vivimos inmersos, reviste caracteres económicos, sociales, políticos y jurídicos; que dotan de características peculiares a un proyecto de integración cuya naturaleza está en constante discusión, casi tanto como su futuro. Sin duda, uno de los grandes protagonistas del proceso de integración ha sido y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo con la proclamación y consagración de los principios definitorios de la relación entre el ordenamiento comunitario, hoy de la Unión Europea con los ordenamientos nacionales: los principios de eficacia directa y de primacía del Derecho comunitario. Esto lo ha hecho a la vez que desarrollaba su jurisprudencia sobre las libertades económicas fundamentales consagradas en el Tratado de la Comunidad Económica Europea (libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, libre circulación de trabajadores y libre circulación de capitales). Este trabajo tiene por objeto estudiar dicha jurisprudencia, analizando el papel preponderante de la libre circulación de mercancías, así como las perspectivas de futuro tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Abstract. The process of European integration, in which we are immersed, has economic, social, political and legal characters giving special characteristics to an integration project whose nature is in constant discussion as its future. Certainly one of the great protagonists of the integration process has been and is the European Court of Justice, especially with the proclamation and consecration of the defining principles of the relationship between Community law, now European Union law, and national law: principles of direct effect and supremacy of EU law. ECJ recognised this principles while it developed its jurisprudence on fundamental economic freedoms recognised in the Treaty establishing the European Economic Community (free movement of goods, freedom to provide services, free movement of workers and free movement of capitals). This work aims to study this case law, analyzing the dominant role of the free movement of goods as well as the future trends after the entry into force of Lisbon Treaty.

Health data processing fields face ethical and legal problems regarding fundamental rights. As we know, patients can benefit in the Digital Era from having health or medical information available, and medical decisions can be more effective with a better understanding of clinical histories, medical and health data thanks to the development of Artificial Intelligence, Internet of Things and other Digital technologies. However, at the same time, we need to guarantee fundamental rights, including privacy ones. The complaint about ethical and legal requirements – including constitutional ones – is particularly relevant in the processing of health data. This paper is focused on the problem of the consent required to the processing of health data and the exceptions established in the new European Union General Data Regulation, which cover the processing of this special data -within other aims- for scientific, historical and statistical research as legitimate purposes, which include biomedical research. The conclusion is that these open concepts are problematic both for the protection of privacy rights and for the legal security/certainty of research. On one hand there are several interpretation problems, regarding the processing of health data and the protection of information privacy. On the other hand, professionals must follow the Multilevel legal framework and to guarantee fundamental rights in the processing of health data, so there are also problems of interpretation for researchers. Therefore, we need a clearer legal framework for biomedical research.

Resumen. El proceso de transformación digital que vivimos y el desarrollo progresivo de las tecnologías disruptivas emergentes están afectando al derecho, y en particular al constitucional, al menos tal y como se había entendido hasta ahora, especialmente desde la perspectiva del paradigma de los derechos fundamentales y de las categorías y conceptos utilizados en la dogmática constitucional. Este pequeño trabajo, desde una perspectiva multidiciplinar, incluyendo la dogmática constitucional (análisis constitucional) y la sociología jurídica (análisis social), constituye una aportación al debate dogmático en torno a las aporías que enfrentan los derechos fundamentales en la era digital. Abstract. We are immersed in a process of digital transformation in which emerging disruptive technologies are affecting the law, and in particular constitutional law, at least as we had understood it until now, especially from the perspective of the fundamental rights paradigm and of the categories and concepts used in constitutional dogmatic. This small contribution, from a multidisciplinary approach, including constitutional dogmatic (constitutional analysis) and legal sociology (social analysis) perspectives, constitutes a contribution to the dogmatic debate around the aporia of fundamental rights in the digital age.

This paper aims to study the configuration of a constitutional procedural status for consumers in the European Court ofJustice case law. Although we can see Consumer Protection primary asan instrument to develop the EU interna! market, it is also a relevant instrument to define the Individual Economic Status of EU citizens and residents as equality players in the EU market. Firstly, we will point out our motivation and objectives of the paper. After that we will explain our methodology, and we will study the EU regulation bases and the concept of consume. Finally, we will analyse the relevant case law which developed the EU constitutional procedural status for EU consumers.