Laura Clérico

El mandato de proporcionalidad se ha convertido desde hace algunos años en un examen de aplicación frecuente por tribunales nacionales o internacionales para la determinación de violaciones a los derechos. Se ha llegado a sostener que la "proporcionalidad es un criterio universal de constitucionalidad". Sin suponer semejante alcance de aplicación de este examen, el presente trabajo explora las debilidades y fortalezas de su aplicación por un tribunal constitucional en el marco de una práctica constitucional relativamente estable. Se reconstruye un conjunto abultado de reglas que pretenden delimitar el resultado del examen de proporcionalidad (como mandato de prohibición por acción excesiva y como mandato de prohibición por omisión o acción insuficiente). De esta forma se demuestra que un modelo de proporcionalidad orientado por reglas se aleja del criticado modelo de ponderaciones ad hoc en donde el tribunal adquiere un amplio margen de discrecionalidad para resolver el conflicto entre derechos. Se advierte, sin embargo, que el modelo de proporcionalidad orientado por reglas requiere de una dogmática de los derechos fundamentales crítica y de tribunales superiores que se interpreten como parte de una comunidad argumentativa abierta al debate público, de lo contrario este examen puede ser utilizado como una herramienta para justificar un status quo desigualitario.

El propósito del trabajo es rescatar la importancia de los casos en el modelo de la ponderación alexyano, la cual, a mi entender, quedó opacada por su preocupación por el desarrollo de la ponderación como forma de argumento. Esto permitirá compararlo con la versión que desarrolla Moreso a través de los casos paradigmáticos y mostrar que ésta guarda con el modelo de Alexy más parecidos de fami- lia que diferencias. Se concluye que ni el modelo de Alexy está tan abocado al particularismo como a veces se asume, ni el de Moreso es tan definicional como pretende.

This paper supports the idea that the proportionality test works as an analytical framework in adjudicating social rights. In particular, suitability and alternative means tests should gain relevance and stop being the neglected steps of the proportionality test. Suitability and alternative means tests are reinforced by considering several aspects, such as quantitative, qualitative and probabilistic. In this vein, it serves to rebut the position which sustains that proportionality as a safeguard against the state not doing enough is pure balancing. Suitability and alternative means tests state what has been done and what is possible to be done to promote the social rights in question. In sum, the work shows that this basic structure of proportionality can be used as an analytical tool to reconstruct decisions about social rights adjudication. Therefore, there is no reason for the Courts not to make more systematic use of the three-part test of proportionality, at least seen from the analytical level.