Romina Rekers

Frente a la incapacidad de cumplir con las funciones delegadas al poder político, la necesidad de conservación del poder y de legitimación genera respuestas simbólicas a demandas ficticias generadas e impulsadas por actores globales o locales llamadas "campañas contra la inseguridad", "campañas contra el terrorismo", etc. En consecuencia los Estados usan las leyes penales como propaganda electoral. Sin embargo como ha señalado Hassemer "quien pone en relación al ordenamiento penal con elementos simbólicos, puede crear la sospecha de que no toma en cuenta al dureza muy real y nada simbólica de las vivencias de quien se ve sometido a persecución penal, detenido, procesado, acusado, condenado, encerrado".

El neorepublicanismo comprende un amplio espectro de enfoques y concepciones en constante evolución. Para caracterizarlo podemos focalizarnos en una concepción o teoría y adoptarla como punto de referencia para luego indagar sobre las diferencias específicas de cada enfoque. Así, si quisiéramos caracterizar el liberalismo igualitario lo haríamos adoptando como punto de referencia la teoría de la justicia rawlsiana para luego avanzar sobre los debates subsecuentes que dialogan con aquella. Del mismo modo, para caracterizar al neorepublicanismo, haríamos bien en introducirnos a él a través de la teoría republicana de Philip Pettit.

Una vez que se desarrollen vacunas efectivas contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), estas serán escasas. Esto plantea la cuestión de cómo distribuirlas equitativamente entre países. La asignación de vacunas entre países plantea cuestiones complejas y controvertidas que involucran la opinión pública, la diplomacia, la economía, la salud pública y otras consideraciones. Sin embargo, muchos líderes nacionales, organizaciones internacionales y productores de vacunas reconocen que un factor central en esta toma de decisiones es la ética [1, 2]. No obstante, se ha avanzado poco en la definición de lo que constituye una distribución internacional equitativa de vacunas. Muchos han respaldado la “distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19” sin describir un marco o sin ofrecer recomendaciones [3, 4]. Se han presentado dos propuestas sustantivas para la asignación internacional de una vacuna contra la COVID19, pero presentan graves fallas. Ofrecemos una propuesta más éticamente defendible y práctica para la distribución equitativa de la vacuna COVID19: el Modelo de la Prioridad Equitativa. El Modelo de la Prioridad Justa está orientado principalmente a tres grupos. Una es la alianza COVAX, encabezada por GAVI (por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI por sus siglas en inglés), que tiene la intención de comprar vacunas para distribuirlas equitativamente entre países [5]. Un segundo grupo son los productores de vacunas. Afortunadamente, muchos productores se han comprometido públicamente con una distribución internacional de vacunas “amplia y equitativa” [2]. El último grupo son los gobiernos nacionales, algunos de los cuales también se han comprometido públicamente con una distribución equitativa [1]. Estos grupos necesitan un marco claro para reconciliar valores en competencia, uno que ellos y otros aceptarán legítimamente como ético y no solo como una afirmación de poder. El Modelo de la Prioridad Justa especifica lo que implica una distribución equitativa de vacunas, dando contenido a sus compromisos. Además, la aceptación de este marco ético común reducirá la duplicación y el desperdicio, lo que facilitará los esfuerzos por lograr una distribución equitativa. Eso, a su vez, promoverá la confianza de los productores en que las vacunas se asignarán de manera equitativa para beneficiar a las personas, lo que motivará un aumento en el suministro de vacunas para distribución internacional.

Es probable que las vacunas contra COVID-19 sean escasas en los próximos años. Muchos países, desde la India hasta el Reino Unido, han adoptado el nacionalismo de las vacunas. ¿Cuáles son los límites éticos de este nacionalismo de vacunas? Ni el nacionalismo extremo ni el cosmopolitismo extremo son éticamente justificables. En cambio, proponemos el marco de prioridad justa para quienes residen en un país (PJR, por sus siglas en español), en el que los gobiernos pueden retener las dosis de la vacuna COVID-19 para quienes residen en el país solo en la medida en que sean necesarias para mantener un nivel de mortalidad que no sea de crisis mientras están implementando intervenciones razonables de salud pública. En la práctica, un nivel de mortalidad sin crisis es el experimentado durante una mala temporada de gripe, el cual la sociedad considera un riesgo de fondo aceptable. Los gobiernos toman medidas para limitar la mortalidad por influenza, pero no existe una emergencia que incluya confinamientos severos. Este "estándar de riesgo de gripe" es una heurística no arbitraria y generalmente aceptada. La mortalidad por encima del estándar de riesgo de gripe justifica mayores intervenciones gubernamentales, incluida la retención de vacunas para quienes residen en un país por sobre la necesidad global. El nivel preciso de vacunación necesario para cumplir con el estándar de riesgo de influenza dependerá de factores empíricos relacionados con la pandemia. Esto vincula los principios éticos a los datos científicos que surgen de la emergencia. Por lo tanto, el marco PJR reconoce que los gobiernos deben priorizar la adquisición de vacunas para su país cuando sea necesario para reducir la mortalidad a niveles similares a los de la gripe sin crisis. Pero después de eso, un gobierno está obligado a hacer su parte para compartir vacunas para reducir los riesgos de mortalidad de las personas en otros países. Consideramos y rechazamos las objeciones al marco PJR basadas en que un país (1) haya desarrollado una vacuna, (2) haya aumentado los impuestos para pagar la investigación y compra de vacunas, (3) quiera eliminar las cargas económicas y sociales, y (4) sea ineficaz para combatir el COVID-19 a través de intervenciones de salud pública.

Este número de acceso abierto tiene como objetivo resaltar los puntos de vista de los países latinoamericanos sobre la justicia en un contexto de pandemia y contribuir al diálogo entre estos y con la comunidad científica global. Explora los desafíos globales de la pandemia de COVID-19, las diferencias relevantes entre las medidas de salud pública y su impacto en los países de ingresos altos versus los países de ingresos bajos o medios, y cómo la injusticia global se profundizó debido a la pandemia de COVID-19. También llama la atención sobre las experiencias, los resultados y las respuestas del norte global a la pandemia con respecto a poblaciones vulnerables y trayectorias de exposición que se reproducen en América Latina.

This open-access issue aims to highlight views about justice in a pandemic context from Latin American countries and to contribute to the dialogue between them as well as with the global scientific community. It explores the global challenges of the COVID-19 pandemic, relevant differences between public health measures and their impact on high-income countries versus low- or middle-income countries, and how global injustice deepened because of the COVID-19 pandemic. It also draws attention to experiences, outcomes, and responses to the pandemic from the global north regarding vulnerable populations and exposure paths that are also present in Latin America.

La emergencia climática impacta en el derecho humano a la salud, por lo que los Estados y la comunidad internacional deben tomar medidas concertadas y urgentes para enfrentar esta problemática. Este informe tiene como objetivo brindar herramientas desde un enfoque centrado en la relación entre el clima y la salud para abordar algunas de las preguntas sobre las obligaciones de los Estados incluidas en la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos presentada por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, la adaptación de los sistemas de salud emerge como una prioridad para enfrentar los desafíos de la emergencia climática, especialmente para los grupos vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Se describen facilitadores para una transición justa hacia una sociedad resiliente al cambio climático, incluyendo diversas formas de justicia (reconocimiento, procedimental, distributiva, intergeneracional y epistémica). Así como también, el deber de los Estados de investigar y establecer prioridades de investigación como garantía del derecho a la salud. Se aborda la brecha epistémica en el acceso al conocimiento científico y se enfatiza la importancia de la justicia epistémica para superar desigualdades en el acceso y la utilización del conocimiento. Palabras claves: derechos humanos, salud, cambio climático.

This article focuses on the epistemic transition to testimonial justice. It argues that the recognition of testimonial injustice in the context of reproductive rights may play a central role in this transition. First, I show how testimonial injustice undermines women’s legal protection against sexual violence and rights triggered by it such as the right to abortion. Second, I argue that the epistemic transition initiated by the #MeToo and #YoSiTeCreo movements call for transitional justice. In support, I review the circumstances of transitional justice for cases like the transition to testimonial justice. Finally, I focus on the area of reproductive rights. I argue that policies of recognition contribute to epistemic transitional justice and complement other strategies aimed to overcome testimonial injustice such as the virtue of the responsible hearer and institutional compensatory virtues.

Retomando el tan explorado debate entre elitismo y populismo penal, este libro adopta una perspectiva republicana para argumentar a favor de un mayor grado de participación popular en la determinación de las penas. En el plano de la teoría no-ideal, se argumenta que fenómenos como las dinámicas de indignación y los linchamientos, contrariamente a lo que se sugiere, cuentan a favor de la democratización de los sistemas penales. En este sentido, el libro disputa el enfoque de quienes sostienen que las preferencias punitivas arbitrarias de los ciudadanos deberían favorecer mecanismos que aíslen la política criminal de la influencia popular. Por el contrario, se argumenta que tanto el elitismo como el populismo penal operan como fuentes de diferentes tipos de dominación y, por lo tanto, deben evitarse en un estado republicano. Adicionalmente, el libro se propone responder a la necesidad de revisar los presupuestos teóricos del pensamiento crítico sobre los sistemas penales señalada por Carlos Santiago en su debate con Eugenio Raúl Zaffaroni. En consecuencia, la pregunta sobre cuál debe ser el grado de participación popular en los sistemas penales es abordada en el marco de la teoría política republicana. De este modo les lectores cuentan con la ventaja de poder cuestionar los presupuestos normativos de fondo, la propia teoría republicana y la centralidad del valor de la libertad como no-dominación, o el modo en que son empleados para defender una propuesta de democratización.

El debate entorno al uso del poder coercitivo del Estado, parece no encontrar fin o perder importancia en la filosofía política. Resulta difícil hablar sobre la justificación del castigo si asumimos que consiste en la intención de causar sufrimiento como consecuencia de algo que estuvo mal hecho (ver, por ejemplo, Hart 1968), o si al menos aceptamos que el daño es un elemento esencial del castigo (Bedau 1991)2. Es por tal motivo que resulta relevante preguntarnos sobre la justificación del castigo y las posibles respuestas que nos brinda la filosofía política.

Este trabajo se inserta en un proyecto mayor consistente en la evaluación moral de las políticas de seguridad a la luz del ideal político republicano de libertad como no dominación. Los razonamientos en torno al poder punitivo desde la Ilustración hasta nuestros días han tomado mayoritariamente como punto de partida la concepción de libertad hobbesiana. Según esta concepción un individuo es libre sí y sólo sí no padece interferencias provocadas por otros individuos. La interferencia es entendida aquí como una intervención más o menos intencional. El Estado aparece como una institución que causa la libertad y, en particular, el derecho penal es una interferencia tan mala en sí misma como la coerción procedente de otras direcciones, pero justificada en la medida que disminuye el nivel general de coerción.• Si el nivel de interferencia producido por el derecho es menor que el nivel de interferencia privada que el aparato estatal evita que se produzca, entonces los individuos son más libres. La concepción hobbesiana de libertad se presenta así, utilizando la distinción introducida por Isaiah Berlin3 como un tipo de libertad negativa. A diferencia de la concepción clásica de libertad, presente por ejemplo en Aristóteles, no requiere de la existencia de autodominio o control -ya sea personal o político- por parte del individuo.

El objetivo de este artículo es identificar las consideraciones de quienes deben guiar la sanción o reforma de la ley penal. Este objetivo cobra relevancia si consideramos que las diferentes respuestas pueden impactar en las tasas de cumplimiento del derecho penal y en los niveles de coacción estatal arbitraria. Para ello, se analizarán algunas propuestas teóricas que se ubican en una cuyos extremos están ocupados, respectivamente, por el populismo y el elitismo penal. Estos argumentos son reconstruidos en el debate sobre la reforma del Código Penal Argentino. En este debate, la disminución de la interferencia proveniente del delito y la disminución de la interferencia estatal arbitraria se presentan como objetivos incompatibles. En parte, ello se debe a que las propuestas teóricas que alimentan los argumentos del debate presentan algunas limitaciones para satisfacer ambas demandas. El republicanismo, a través de la defensa de una democracia deliberativa fuerte, tiene capacidad para satisfacer ambas demandas, aparentemente antagónicas. Sin embargo, esa capacidad se ve disminuida en sociedades desiguales. Por ello defenderé que una reforma guiada por aquella propuesta republicana tiene una capacidad que se limita a disminuir la interferencia estatal y mantener iguales los índices de delito.

No es común el tratamiento de los temas de derecho penal internacional en los manuales tradicionales de derecho penal, como tampoco en los referidos al derecho internacional público. Habitualmente se considera que el individuo no es sujeto de derecho internacional público, y por lo tanto sus actos quedan sometidos al derecho penal de cada Estado. “Sin embargo, sin duda existen bienes jurídicos e intereses que trascienden los límites (penales) nacionales” (Ambos, 200:26). Así, no se puede desconocer que la protección de los Derechos Humanos es un punto de conexión. La incorporación al ordenamiento jurídico interno, por ley 26.200, del Estatuto de Roma (aprobado previamente por ley 25.390) por el cual se regulan las relaciones de cooperación entre el Estado Argentino y la Corte Penal Internacional, produjo consecuencias que afectan a todo el ordenamiento jurídico penal nacional.

Este artículo resume el “Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba”59; investigación exploratoria realizada en la ciudad de Córdoba, entre cuyos principales objetivos se formuló el analizar cómo se aplican las figuras de Merodeo (Art. 98), Negativa u omisión de identificarse (Art. 79) y Posesión injustificada de llaves alteradas o ganzúas (Art. 97), del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, desde la perspectiva de jóvenes varones de entre 18 y 25 años, residentes en barrios de diferentes niveles de ingresos.

El objetivo de este artículo es identificar las consideraciones de quienes deben guiar la sanción o reforma de la ley penal. Este objetivo cobra relevancia si consideramos que las diferentes respuestas pueden impactar en las tasas de cumplimiento del derecho penal y en los niveles de coacción estatal arbitraria. Para ello, se analizarán algunas propuestas teóricas que se ubican en una cuyos extremos están ocupados, respectivamente, por el populismo y el elitismo penal. Estos argumentos son reconstruidos en el debate sobre la reforma del Código Penal Argentino. En este debate, la disminución de la interferencia proveniente del delito y la disminución de la interferencia estatal arbitraria se presentan como objetivos incompatibles. En parte, ello se debe a que las propuestas teóricas que alimentan los argumentos del debate presentan algunas limitaciones para satisfacer ambas demandas. El republicanismo, a través de la defensa de una democracia deliberativa fuerte, tiene capacidad para satisfacer ambas demandas, aparentemente antagónicas. Sin embargo, esa capacidad se ve disminuida en sociedades desiguales. Por ello defenderé que una reforma guiada por aquella propuesta republicana tiene una capacidad que se limita a disminuir la interferencia estatal y mantener iguales los índices de delito.