Maria Mejia

Se analiza, de manera sucinta, la `mora judicial injustificada´, en el derecho penal dominicano, como violación del derecho fundamental al plazo razonable en tanto parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que está indisolublemente vinculado e interrelacionado, por ser indivisible e interdependiente, al goce efectivo del derecho superior al debido proceso que integra las denominadas garantías judiciales fundamentales. El cumplimiento institucional del deber de garantía judicial del derecho fundamental al plazo razonable, inherente a la dignidad humana, tiene rango constitucional y está taxativamente estatuido en la Constitución Nacional y la legislación dominicana, en general, quedando nítidamente configurado en el ámbito de aplicación penal. Con sustento en la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se describen las pautas a tener en consideración para evaluar y decidir acerca de su vulneración por la prolongación procesal irrazonable, aplicando el denominado `test interamericano de razonabilidad´ que se efectúa desde el `estudio global del procedimiento´. Dicho test, está conformado por el examen de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de los interesados; c) la actuación de las autoridades judiciales, y; d) la afectación generada. Se asume que las garantías judiciales efectivas pretenden la incolumidad de los derechos humanos fundamentales del justiciable y hacen parte medular del Estado democrático constitucional, por su inherencia a la dignidad humana, en toda actuación procesal. Son ellas la traducción del derecho superior a la tutela judicial efectiva indisolublemente vinculada al respeto al derecho fundamental invulnerable al debido proceso. El respeto por tales garantías procesales judiciales, incumbe al llamado deber de garantía estatal, establecido en el convencionalismo supranacional dentro del denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que, bajo la figura del Bloque de Constitucionalidad, le impone a la administración pública estatal en general y, a la judicial, en particular, la obligación ineludible de promover, proteger, asegurar y garantizar su satisfacción material efectiva. Su satisfacción efectiva, en el plano penal (y administrativo), está vinculada al logro del proyecto de vida valioso, el florecimiento humano y el funcionamiento activo y efectivo de la persona del justiciable, en la sociedad, en aras de promover la plena satisfacción de su derechos humanos fundamentales, puntal de su felicidad personal, lo que permite que el Estado y sus agentes le brinden oportunidades para el despliegue de sus talentos y capacidades, contando con condiciones institucionales y medios materiales para su satisfacción material, lo cual habilita su contribución al bien común, esto es, su aportación tangible a la felicidad social.

En la presente reflexión, se exponen algunos de los efectos jurídicos y procesales derivados de la Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela (Declaración Conjunta, en adelante), publicada en San Vicente y Las Granadinas en fecha 14 de diciembre de 2023. Se analizan, de manera sucinta, las implicaciones procesales que la Declaración Conjunta, asumida como elemento material probatorio, genera a favor de la posición jurídica de Venezuela que puede promover, con base a una serie de hechos nuevos de relevante valor y eficacia procesal, tanto la i) la excepción de inadmisibilidad sobrevenida de la demanda judicial que, por el territorio de la Guayana Esequiba, promueve Guyana contra Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dada la impprocedencia de la misma y ii) la excepción de incompetencia sobrevenida de la CIJ para tramitar y decidir el litigio... Los autores dejan enunciado que, conforme a los Principios Generales del Derecho Internacional, concordados al artículo 52 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y con la Declaración Conjunta de Argyle, es jurídicamente factible que Venezuela, conforme a los Principios el procedimiento de los artículos 65 y 66 ejusdem, promueva la nulidad absoluta retroactiva del Tratado Arbitral de Washington de 1897 y, de manera consecuencial, la nulidad absoluta retroactiva, ya reconocida, del Laudo Arbitral de París de 1899 por la coacción y la agresión y la invasión territorial que sirvieron de contexto y pretexto para su aprobación por parte de Venezuela, como medio para tratar de darle aparente legalidad a la ocupación militar ilegal de nuestro territorio Esequibo por parte del Reino Unido.

Tocqueville, como todos los grandes clásicos, es inagotable. A man for all seasons, como lo prueba su reciente éxito en China y Japón, dos países y dos sistemas políticos tan alejados de la historia europea y del modelo democrático que él describió que le hubiera parecido sorprendente que le utilizaran como referencia. Ser un clásico inagotable con solo dos obras de obligada lectura es un logro del que pocos pueden vanagloriarse. Quizá Hobbes, quizá John Locke, dos de los autores que menciona Lucien Jaume en el primer artículo de este monográfico que presentamos en la revista Araucaria.

Entre 1830 y 1847 el proyecto para instalar en Argelia una colonia de población europea tuvo que afrontar la realidad de los pueblos que habitaban el territorio. Más allá de la violenta conquista militar, filósofos, políticos y científicos sociales, intentaron analizar las costumbres y la cultura de árabes y bereberes y su futuro en la Argelia francesa. Entre todas las voces destacaron las de Alexis de Tocqueville, que visitó Argelia en 1841 y 1846 para apoyar el proyecto, Amédée Desjobert, diputado republicano, muy crítico con las ideas expansionistas francesas, e Ismayl Urbain, filósofo sansimoniano, partidario de la expansión del Islam por el continente africano. La raza, la religión y el estado de civilización fueron los ejes centrales de un debate que muestra las contradicciones y las fisuras de la política y de la sociedad francesas ante la cuestión colonial.